Paolo Aguilar | Agencia Efe
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La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, abrió este jueves una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, tras las denuncias de presuntas "presiones" para influir en ascensos irregulares dentro del Ejército.
La Fiscal de la Nación del Perú, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y los que resulten responsables de las presuntas presiones desde el Ejecutivo a los excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea para influir en el último proceso de ascensos de oficiales, anunció el Ministerio Público.
Esta indagatoria se deriva de las denuncias que desataron la más reciente crisis política que vive el país vecino, por la cual el mencionado secretario de Estado puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el titular de Defensa se mantiene aún en su cargo, pese a los pedidos de destitución.
En su comunicado, la Fiscalía indica que los altos funcionarios serán investigados por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, señalando que son infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal.
“La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas”, afirma el comunicado.
Investigaciones a altos funcionarios
El Ministerio Público recordó que la Fiscalía de la Nación “está facultada para realizar investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional y que están señalados expresamente en el artículo 99 de la Constitución.
Asimismo, señaló que incluye en la investigación preliminar al secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, aunque no esté comprendido entre los altos funcionarios, bajo el amparo del “principio de unidad de investigación” y “en concordancia con los principios de economía y celeridad procesal (artículo 65.4 del Código Procesal Penal).
En los próximos días, el Ministerio Público recogerá los testimonios tanto de los altos funcionarios civiles como de los exaltos mandos de las Fuerzas Armadas que emitieron las denuncias contra el gobierno.
En tanto, el ministro de Defensa compareció ya ante la comisión de Defensa del Congreso para ser cuestionado por este caso, y aseguró que el presidente Castillo le ha dado su respaldo.
