La represión a las protestas y a la libertad de prensa demuestra “falta de voluntad política” del gobierno de Daniel Ortega para buscar una solución a la crisis que vive Nicaragua desde hace 11 meses, advirtió este martes el gremio empresarial.
La violenta represión de una manifestación el sábado “muestra la falta de voluntad política para crear las condiciones básicas para que el diálogo nacional muestre su viabilidad y responda a las demandas legítimas ciudadanas”, advirtió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en un comunicado.
Los empresarios forman parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que el lunes suspendió las negociaciones con el gobierno que se habían reanudado el pasado 27 de febrero, a causa de la represión ejercida el sábado contra manifestantes y periodistas.
“La actuación policial reafirma nuestra convicción que nos encontramos ante un estado policial que no permite el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales de todos los nicaragüenses”, reprochó el gremio empresarial.
Más de 100 manifestantes fueron detenidos y luego liberados el sábado por la policía tras un fuerte despliegue de antimotines en la capital para evitar que la oposición se manifestara en demanda de la liberación de centenares de presos políticos.
La policía actuó de “forma desproporcionada y con violencia excesiva”, reclamó el Cosep.
Pese a las discrepancias, las delegaciones del gobierno y de la oposición llegaron este martes a la sede de las conversaciones, en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de la capital.
Las partes intentaban superar el impasse con el apoyo del nuncio apostólico Waldemar Sommertag y del enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Ángel Rosadilla, indicó a la AFP el delegado opositor José Pallais.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró este martes en Twitter que para que el diálogo avance “de buena fe” se debe liberar a todos los presos políticos identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua vive una profunda crisis desde hace 11 meses, cuando estallaron las protestas contra la administración de Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna el país desde hace 12 años bajo acusaciones de corrupción por parte de la oposición.
Las manifestaciones habían comenzado contra una reforma al seguro social y se transformaron luego en una demanda de salida de Ortega a causa de la represión, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
