Fiscal Campos y niños haitianos: "La realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble"

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló ayer una denuncia que ha generado un intenso debate en el ámbito público: la Fiscalía investiga el ingreso irregular de al menos 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante el 2025, a través de vuelos chárter que utilizaron la figura de reunificación familiar. La Contraloría General de la República alertó sobre esta situación, que llevó al fiscal nacional a realizar una denuncia de oficio por la gravedad de los hechos.

Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, conversó con Expreso Bío Bío, sobre los alcances de esta investigación que apunta a una posible red organizada de trata de personas. El fiscal adelantó que la cifra de menores involucrados podría ser aún mayor y que el Ministerio Público está indagando la eventual participación de funcionarios públicos en esta trama que habría operado durante meses bajo una aparente legalidad.

Una organización detrás

—Se han abierto investigaciones por al menos 200 niños que ingresaron en estos vuelos chárter, pero la cifra podría ser mayor. ¿De qué periodo estamos hablando?

Estamos dando cuenta de un hecho absolutamente grave, primero no tanto por la cantidad de personas, sino porque las personas que estamos tratando son niñas, niños y adolescentes. Los primeros antecedentes que ha podido recabar el Ministerio Público, que conllevaron que el fiscal nacional tomara la decisión de hacer la denuncia de oficio, dicen relación con un periodo que va entre enero y abril del año 2025. Estamos indagando también respecto de otro vuelo chárter en octubre del mismo tiempo. Fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200, pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble. Eso lo va a determinar el desarrollo de la investigación.

—Usted ha dicho que detrás de esto hay un grupo muy organizado. ¿Qué se ha podido identificar? ¿Esto es trata de personas?

No es una conclusión, sino las máximas experiencias. Uno puede decir que acá puede haber una junta espontánea, pero puedo creer en uno o dos vuelos. Pero una reiteración o patrón común de actuar durante varios meses con un volumen de personas, una masificación bajo una misma figura que es la reunificación familiar de ciudadanos haitianos, niños, niñas y adolescentes que particularmente pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, nos lleva a pensar que, por cierto, es un foco a considerar el tema de una organización. Para que esto pueda ser un éxito, como pareciera que lo estaba siendo hasta el momento, requiere un cierto grado de organización. La ley chilena, abrazando diversos tratados internacionales, castiga con severidad la trata de personas, particularmente cuando son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El solo hecho de que nos organicemos para esto, sin siquiera acometer aquella empresa ilícita, ya el legislador adelanta y lo sanciona penalmente.

—Cuando una persona sale o ingresa a Chile con menores de edad, se le piden una serie de papeles. Acá entraba un adulto con docenas de niños. ¿Cómo puede ser que funcionarios públicos hayan hecho vista gorda? ¿Hay responsabilidad en ellos?

Por eso es que la unidad que dirijo, la Unidad Anticorrupción, se aboca, entre otros delitos, a los delitos de funcionarios. Aquí vemos que eventualmente tenemos intervención de instituciones públicas. Está la Dirección General del Registro Civil, que tiene que aportar muchos antecedentes sobre esta investigación; el Servicio Nacional de Migraciones; la Subsecretaría de la Niñez; la Policía de Investigaciones de Chile con su función de policía internacional. Todas estas instituciones están conformadas por funcionarios públicos. Va a ser obviamente un foco de la pesquisa si existe o no intervención de particulares, pero también de funcionarios públicos que pudieron dejar de cumplir su deber o que eventualmente pudieron haber recibido algún tema de dádiva o promesa, eso lo va a determinar la investigación. En el caso de la trata de personas, el funcionario público puede tener una sanción agravada. Imaginémonos que nosotros vamos a hacer la misma operación respecto de tres o cuatro menores lícitamente para un tema de reunificación: todo lo que debiéramos realizar en cuanto a documentación y las diversas barreras que normalmente se ponen para este tipo de casos.

El destino de los niños y el financiamiento

—La investigación se ha centrado en principios de 2025, pero ¿podría extenderse a períodos anteriores?

No queremos ponernos una camisa de fuerza en esta investigación. No hay que perder el foco: los afectados o presuntamente afectados son niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos, respecto de los cuales entendemos que se utiliza la figura de la reunificación familiar para aparentar una cierta legalidad que no es tal; eso lo va a determinar la investigación. Estamos hablando de un periodo de enero a abril del 2025 y de un vuelo que tenemos bajo nuestra sospecha de octubre del 2025. Si tenemos que extender la investigación a otros periodos, no hay duda alguna de que lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre.

—¿Quién pagó estos vuelos chárter?

Es un objetivo también de la investigación poder determinar el financiamiento precisamente de estos vuelos.

—¿Están coordinándose con otros países para ver si esto pudo haber ocurrido en lugares vecinos?

El Ministerio Público va a hacer todos los requerimientos de información, tanto nacionales como internacionales, necesarios para poder aclarar estos hechos.

—La investigación es incipiente, pero ¿consideran seguir la pista y tratar de ubicar a estos niños, algunos que están inubicables hoy día?

Absolutamente, pero eso es la labor fundamental al día de hoy. Si tengo niñas, niños y adolescentes que ingresaron bajo esta lógica de un ilícito, con circunstancias de vulnerabilidad, donde eventualmente venían con un responsable adulto que pareciera ser que desconocemos si es un familiar directo o no tiene ninguna familiaridad, obviamente que saber el destino de estas niñas, niños y adolescentes es prioridad número uno para el Ministerio Público.