En la lista de entidades a las que se les debe un pago figuran las empresas (privadas y públicas) Aguas Andinas, Esval, Celulosa Arauco y Constitución, Comando Bienestar del Ejército, Compañía General de Electricidad, Minera Centinela, además de la Dirección Nacional de Vialidad (MOP), y varias más.
La liquidadora de Claro Vicuña Valenzuela, María Loreto Ried, intentará paralizar el pago de boletas y pólizas de garantía, las que se cuantificaron en al rededor de US$83 millones.
Según recordó el Diario Financiero, el pasado 21 de octubre la empresa inició un proceso judicial para pedir su liquidación voluntaria debido a una quiebra interna.
Según lo detalló en ese entonces la misma constructora, esto significará la paralización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas.
El pasado 9 de noviembre, la jueza Cecilia Castro del 9º Juzgado Civil de Santiago, decretó la quiebra de la firma, “por encontrarse cumplidos los requisitos”.
Tras esto, la liquidadora de Claro Vicuña Valenzuela presentó un informe al tribunal donde solicitó citar al Gobierno Regional del Bío Bío a una audiencia de resolución de controversias.
Esto, producto del cobro de una boleta de garantía luego de decretada la quiebra de la compañía. Allí, la jueza Castro acogió la petición y paralizó el pago del documento en favor del organismo público.
Pese a esto, la liquidadora de la constructora presentó un escrito a la justicia el 23 de noviembre donde pidió paralizar el pago de boletas y pólizas de garantía a favor de 39 entidades, públicas y privadas, según dijo el DF.
“El cobro de las boletas y pólizas de garantía que, inminentemente realizarán los mandantes, constituye una actuación arbitraria y perjudicial para la masa de acreedores, a la que debe colocarse remedio”, dijo.
