La emergencia comenzó el pasado jueves 11 de julio. Essal, la compañía a cargo de la distribución de agua potable en la región de Los Lagos y parte de Los Ríos, se vio obligada a suspender el suministro en Osorno a raíz del derrame de petróleo al interior de una planta de agua potable.

Aquello dio paso al despliegue de gerentes de la compañía y del propio presidente del directorio de la sanitaria sureña y de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, un reconocido concertacionista DC, exsubsecretario en los tiempos de Frei y director de empresas públicas.

Pero más allá de las conexiones políticas, si bien tuvo en sus inicios propiedad estatal, se trata de una empresa controlada por capitales extranjeros y -en menor medida- con participación de algunos fondos de inversión conocidos a nivel nacional.

La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. fue constituida en Mayo de 1990 como continuadora legal del Servicio Nacional de Obras Sanitarias creado en 1977, en reemplazo de la entonces Dirección de Obras Sanitarias que dependía del Ministerio de Obras Públicas.

A raíz del proceso de privatización de las empresas sanitarias impulsado por el Estado, en 1999 se realizó la licitación pública del 51% de las acciones de Essal, en ese momento propiedad de Corfo, las cuales fueron adjudicadas a la española Iberdrola.

Casi 10 años más tarde, en 2008, la sanitaria Aguas Andinas, principal empresa de la industria en Chile, tomó el control de Essal tras desembolsar 164 millones de dólares por el 53,6%, desplazando de la propiedad a la firma ibérica y accionistas minoritarios.

En línea con la política de privatización, en 2012 Corfo remató el 40,5% de propiedad que mantenía hasta ese entonces, el cual cedió por 89 millones de dólares, tal como lo había hecho el año anterior con la propia Aguas Andinas, Esval y Essbio, lo que le permitió recaudar -en conjunto- un total de 1.636 millones de la divisa estadounidense.

Así Essal siguió en manos europeas, puesto que Aguas Andinas es controlada por Suez, un grupo francés que opera principalmente en los sectores de tratamiento de aguas y la gestión de residuos.

Sin embargo, el desfile de millones no ha sido sinónimo de buen servicio. De hecho, en los últimos cinco años, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha cursado 85 procesos sancionatorios contra la compañía por un total de 3.500 millones de pesos.

“En la mayoría de los casos la empresa hace sus descargos y esto termina en tribunales”, admitió el superintendente Jorge Rivas. Y este caso, si bien se trata de una falta gravísima, en nuestra legislación el castigo tiene un monto límite: 600 millones de pesos.

Y si bien los usuarios estuvieron seis días sin agua y recién este miércoles comenzó a reponerse el suministro, Rivas explicó que “nuestra legislación sanitaria no nos permite compensar (a los clientes), lo que nos permite es implementar una sanción a la empresa. Por el lado del Sernac van a hacer una compensación a los usuarios”.