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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Durante los próximos meses, el Sernac realizará fiscalizaciones en centros termales a nivel nacional, comenzando en La Araucanía y Los Ríos. En conjunto con Sernatur, verificarán el cumplimiento de la Ley del Consumidor, incluyendo la entrega de información relevante, precios visibles, seguridad en instalaciones, protocolos por escrito y condiciones de seguridad como pisos antideslizantes.

Desde hoy y durante los próximos meses, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) estará fiscalizando los distintos centros termales del país.

La iniciativa comenzó en La Araucanía y Los Ríos, y se espera que se extienda al resto de regiones.

El objetivo de estas labores en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) es verificar que estos establecimientos cumplan con las disposiciones de la Ley del Consumidor.

Sernac fiscaliza a centros termales

Algunos de estos ejemplos son si el local entrega información relevante del servicio ofrecido, si están publicados los precios de acceso y de servicios adicionales como pueden ser el arriendo de toallas y gorros.

Otros aspectos que también estarán en la mirada del Sernac son si los centros termales indican correctamente las recomendaciones del uso de instalaciones; si cuentan con señalización de vías de evacuación y salidas de emergencia, además de protocolos de seguridad formalizados y por escrito.

En esta línea, se analizarán las condiciones generales de seguridad, “prestando especial atención a la presencia de pisos antideslizantes o huellas de tránsito seguro en los bordes de las piscinas y en el área de camarines”, sostuvieron desde el Sernac en un comunicado.

Incluso, se revisará si se informa adecuadamente la profundidad máxima de las piscinas; la presencia de salvavidas y las advertencias correspondientes de no haber ese tipo de funcionarios.

De detectar incumplimientos a la Ley del Consumidor, el Servicio advirtió que podría oficiar a los locales para que implementen los ajustes necesarios, pero en caso de infracciones “muy graves”, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 300 UTM (casi $21.500.000) por infracción.

Y si se constatan incumplimientos que afecten la salud o seguridad de las personas, la sanción puede ser de hasta 2.250 UTM, o $161 millones.