La otra cara de la certeza jurídica

Chile necesita inversión extranjera y necesita empresas capaces de financiar, construir y operar grandes obras de infraestructura. Precisamente, por eso, necesita también estándares exigentes respecto de quienes participan en esos proyectos.

El caso de OHLI S.A., filial chilena del grupo español OHLA, plantea una discusión que va mucho más allá de una liquidación empresarial. La compañía dejó obligaciones impagas con numerosos proveedores, contratistas, empresas de servicios y otros actores que participaron de sus operaciones en Chile.

Detrás de cada acreencia hay una empresa que cumplió su parte del acuerdo. Empresas que contrataron trabajadores, movilizaron maquinaria, adquirieron materiales y asumieron costos para ejecutar los servicios comprometidos. Cuando esos pagos no llegan, el problema no desaparece: simplemente se traslada al proveedor.

La situación resulta especialmente llamativa porque el grupo empresarial al que pertenece OHLI continúa teniendo una presencia relevante en Chile y participando en proyectos estratégicos de infraestructura pública. A ello se suman las deudas que la filial mantiene con Codelco, principal empresa del Estado, lo que evidencia que las obligaciones pendientes no se circunscriben únicamente a un caso aislado.

No existe nada objetable en que una compañía extranjera aspire a nuevos contratos, pero ¿debiera el historial de cumplimiento con proveedores, contratistas y otros mandantes ser también un elemento relevante al momento de evaluar a quienes buscan convertirse en socios del Estado en proyectos que pueden extenderse durante décadas?

En Chile hablamos frecuentemente de certeza jurídica para atraer inversión extranjera. Las empresas que comprometen capital en el país necesitan reglas claras, contratos respetados e instituciones que funcionen, pero la certeza jurídica no puede entenderse en una sola dirección.

Si una empresa exige que Chile respete los contratos que firma, resulta razonable esperar que esa misma empresa, y los grupos empresariales que operan a través de sus filiales, actúe con igual responsabilidad frente a los compromisos asumidos con proveedores, contratistas y mandantes locales.

El problema es particularmente importante para las pymes. Las grandes compañías tienen mayor capacidad financiera para enfrentar controversias, litigios y procesos concursales. Un proveedor pequeño o mediano, en cambio, puede haber comprometido buena parte de su capital de trabajo en un solo contrato. Una deuda impaga puede significar meses de incertidumbre, pérdida de empleos o incluso la desaparición de la empresa. Por eso, este caso debiera abrir una discusión más amplia sobre los estándares que Chile exige a quienes participan en grandes proyectos públicos.

La experiencia y la capacidad financiera importan. También debiera importar el comportamiento contractual, que forma parte de la capacidad de una empresa para ejecutar responsablemente proyectos complejos.

Acreedores de OHLI S.A

Gastón Rubio G. y Juan Carlos Fernández R.
Directores de Syncore Montajes Industriales.

Hugo Arce Pérez
Representante legal GECOMINSA.

Julio Cesar Salviat M.
Gerente Contralor Tecval. 
                                              
Claudio Bustamante
Gerente Comercial Serven SPA.

Marco Arce
Gerente General New Service Company SPA NSC.

Jorge Corssen Larrondo 
Gerente Administración y Finanzas Corssen SPA.

Marcelo Kinast Rojas
Gerente general Proyectos y Servicios en Oleohidráulica SpA.

Oscar Ángel González
Sociedad Ángel González Ltda.

Cristina Gallegos Sanhueza
Representante legal Transporte Sagal SpA.

Marcelo Nicolodi Saffie
Comercial Nicolodi Ltda.

Ricardo Andrés Cordero Romero
Representante legal Green Rental SPA.

Ariel Devaud González
Gerente general Buses Altas Cumbres 

RRC Ingenieros Consultores SPA.