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Hay tragedias que nadie puede prever, eso es real, pero otras sin duda sabemos que pueden ocurrir. En el norte de nuestro país conocemos demasiado bien esa diferencia. Lo ocurrido durante estos últimos días en nuestra región de Antofagasta, particularmente en Tocopilla, y en los bordes de cerro, volvió a poner frente a nuestros ojos una realidad que llevamos años advirtiendo.
Es decir, cuando llueve en el desierto, las quebradas se transforman, el agua desciende con una fuerza que no distingue entre construcciones regulares e irregulares y aquello que durante meses parece un terreno inofensivo puede convertirse, en cuestión de minutos, en una amenaza para la vida. Por eso, más que preguntarnos solamente qué ocurrió esta semana, deberíamos preguntarnos por qué seguimos permitiendo que determinadas condiciones de riesgo se mantengan y, peor aún, se profundicen.
El 15 de julio de 2025, cuando ejercía como H. Diputada de la República, advertí públicamente sobre la urgencia de adoptar medidas para enfrentar el riesgo de nuevos procesos aluvionales y aludes en la Región de Antofagasta. Por ello me reuní con el geógrafo Marcelo Lagos, oportunidad en la que plantemos la necesidad de actuar preventivamente porque nuestra región ya conocía las consecuencias de estos fenómenos.
A mayor abundamiento, ya el 18 de junio de 1991 sufrimos una tragedia en esta área y posteriormente volvimos a enfrentar los efectos devastadores de 2015. Acá, quiero ser clara, no se trataba de una advertencia abstracta ni de una preocupación exagerada: era el llamado a aprender de nuestra propia historia antes de que la naturaleza volviera a recordarnos, de la peor manera, que el riesgo sigue allí.
Y, sin embargo, mientras el Estado ha invertido recursos en piscinas aluvionales, canalizaciones y distintas obras destinadas a proteger a nuestras ciudades, hemos permitido que el crecimiento de los asentamientos irregulares avance precisamente hacia aquellos sectores donde el riesgo es mayor. Esta es una de las contradicciones que como sociedad debemos enfrentar.
Si lo analizamos, cuál sería el sentido construir infraestructura para contener el agua y el barro si, al mismo tiempo, permitimos que las quebradas, las zonas de alta pendiente o incluso sectores asociados a obras de control aluvional terminen convertidos en lugares de habitación. O sea, una política de prevención no puede limitarse a construir infraestructura; también debe impedir que esa infraestructura sea sobrepasada por decisiones urbanísticas irresponsables o por la ausencia de fiscalización y acción de usurpadores.
Quiero ser clara: estoy completamente de acuerdo con nuestro presidente José Antonio cuando sostiene que las personas instaladas en zonas de riesgo deben salir de esos lugares. Y creo que esta discusión no debe confundirse con falta de sensibilidad frente a la crisis habitacional. Sin duda alguna, una familia que necesita una vivienda merece una respuesta del Estado y, si cumple los requisitos correspondientes, debe poder acceder a una solución habitacional, pero seré absolutamente sincera, “los últimos no pueden ser los primeros”.
El querer trasladar a las familias que se instalaron en el borde cerro y lugares que no son de su propiedad, no puede ser un freno, no corresponde hacer un aprovechamiento político con esta situación. Debemos avanzar para acabar con la crisis habitacional, pero, debemos iniciar por quienes están en la fila cumpliendo nuestra normativa y al mismo tiempo hacer valer nuestro Estado de Derecho.
Una cosa es enfrentar la pobreza y otra muy distinta es convertir la necesidad en una justificación permanente para la ilegalidad. Nuestra crisis habitacional es real y no puede ser ignorada, pero reitero, tampoco puede utilizarse como argumento para aceptar que ocupar primero significa tener posteriormente un derecho adquirido sobre el terreno.
El Estado tiene la obligación de proteger a las personas antes de que ocurra una tragedia, y eso significa impedir que nuevos asentamientos se instalen en lugares donde existe un riesgo conocido. Si sabemos que una quebrada puede activarse, si sabemos que una determinada pendiente puede canalizar un aluvión y si sabemos que una obra de mitigación necesita mantener despejado un determinado espacio, entonces permitir que allí se construyan viviendas no es neutralidad: es inacción. Y la inacción también tiene consecuencias.
No se trata de que desaparezcan las personas; se trata de que desaparezcan las ocupaciones ilegales de las zonas de riesgo. A quienes realmente necesitan una solución se les debe ofrecer una salida, y a quienes no cumplen los requisitos les corresponde someterse a la legislación vigente. Lo que no podemos hacer es transformar la vulnerabilidad social en una autorización indefinida para ocupar cualquier terreno.
Nuestra región no puede seguir siendo el lugar donde el Estado llega después de la emergencia, después del aluvión, después de la pérdida y después de la tragedia. Los antofagastinos sabemos lo que significa vivir entre el mar y el cerro; sabemos que nuestras quebradas no son simples espacios vacíos y que una lluvia excepcional puede convertirlas rápidamente en verdaderos cauces.
En nuestra región de Antofagasta no necesitamos que desde el centro o el sur nos expliquen lo que es el riesgo. Lo conocemos porque lo hemos vivido día a día. Recordamos 1991, recordamos 2015 y hoy en 2026 volvemos a observar cómo la naturaleza nos obliga a mirar aquello que durante demasiado tiempo los gobiernos de turno han preferido postergar.
Esta semana no debería ser solamente una nueva emergencia que atender. Debería convertirse en un punto de inflexión. Basta de la inacción, no podemos seguir esperando, pues eso no es prudencia: es irresponsabilidad.
