Kast y la seguridad: mucho sheriff, poca gestión

La seguridad de los chilenos es demasiado importante para convertirla en un laboratorio de improvisaciones. Pero al gobierno del presidente José Kast parece gustarle gobernar como quien arma un mueble sin leer las instrucciones: primero aprieta los tornillos, después mira el manual y, cuando sobran piezas, anuncia una reforma constitucional.

Durante la campaña todo parecía bastante más sencillo. En diciembre de 2025, Kast decía que a los prófugos de la justicia también les quedaban 95 días: si se entregaban, tendrían una posibilidad de rehabilitación; si no, “vamos a ir por ustedes y los vamos a encontrar”, decía.

La cuenta regresiva era formidable como eslogan. Casi podía imaginarse a los prófugos mirando el calendario, tachando los días y preparando ordenadamente su bolso para presentarse en tribunales. El pequeño inconveniente es que gobernar un país resulta bastante más complicado que solo hablar.

Después vino la ministra Trinidad Steinert y protagonizó una escena difícil de superar: reconoció que no esperaba que se necesitara un plan de seguridad “estructurado, concreto”. Luego anunció que habría uno “por escrito, con formato y todo”. Hay frases que la oposición jamás podría inventar porque serían consideradas exageradas. Esta fue dicha por la propia autoridad encargada de la seguridad del país.

Es decir, el Gobierno que había llegado anunciando que tenía clarísimo qué hacer contra la delincuencia descubrió, una vez instalado, que un plan de seguridad debía tener la extravagante característica de ser un plan. Y, para colmo de modernidad administrativa, debía estar escrito.

Steinert salió y llegó Martín Arrau. Primero dijo que el plan en seguridad del gobierno anterior era suficiente olvidando el pequeño detalle que su jefe basó su campaña durante años en que la izquierda no tenía mano dura con la delincuencia y que estaba todo mal.

Entonces apareció la nueva gran revelación: Chile necesitaba una reforma constitucional en seguridad. Se presentó una agenda que incluía incorporar expresamente la seguridad pública como deber del Estado -cosa que ya existe-, crear un nuevo estado de excepción -adivinen, también existe-, establecer una nómina de organizaciones “terroristas”, regímenes penitenciarios diferenciados e incautación patrimonial.

Se nos explicó que aquello era importante, necesario y parte fundamental de la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.

Aquí el presidente choca con un enemigo todavía más poderoso que el crimen organizado: la aritmética parlamentaria.

Resultó que los votos no estaban. Surgieron reparos entre parlamentarios del propio oficialismo y sectores afines, muchos tildaron la reforma de “iliberal”; el Gobierno constató dificultades para conseguir respaldo suficiente  dentro de su mundo político.

Y entonces ocurrió el milagro: aquello que parecía indispensable para enfrentar una emergencia nacional súbitamente podía esperar. El propio ministro Arrau, a solo días de presentar la megarreforma “imprescindible” e incluso fijar fechas para su aprobación antes de fin de año, señaló que el proyecto requería “algo de calma” y anunció que el Ejecutivo priorizaría otras iniciativas.

Curiosa emergencia esta: era urgentísima hasta que contaron los votos.

Ese episodio resume bastante bien una forma de gobernar. Primero se anuncia. Después se dramatiza. Luego se presenta como indispensable. Más tarde se descubre que no hubo suficiente conversación política. Finalmente se guarda la urgencia en un cajón y se anuncia otra prioridad. La política pública convertida en tráiler: mucha música épica, muchas imágenes fuertes y todavía estamos esperando la película.

El problema de fondo, sin embargo, es bastante más serio. Cuando un Gobierno tiene dificultades para ejecutar, coordinar y administrar, aparece una tentación peligrosa: convencer al país de que el problema no es su incapacidad para gobernar, sino que faltan poderes, faltan leyes, falta Constitución y sobran garantías.

Chile necesita combatir con toda la fuerza del Estado a la delincuencia. También necesita combatir el terrorismo. Pero delincuencia, crimen organizado y terrorismo no son palabras intercambiables. Tienen elementos jurídicos distintos, investigaciones distintas y respuestas institucionales que no necesariamente son idénticas. Convertir cualquier delito  en “terrorismo” puede servir para una cuña televisiva; pero no para construir política criminal seria.

Y aquí está precisamente la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad conoce las herramientas que posee y sabe utilizarlas. El autoritarismo comienza cuando alguien, incapaz de utilizar correctamente esas herramientas, concluye que necesita herramientas cada vez más grandes.

Por eso resulta preocupante escuchar permanentemente que Chile necesita algo “nuevo”. Un nuevo estado de excepción, nuevas atribuciones, nuevas restricciones, nuevas categorías. A veces pareciera que el Gobierno considera que gobernar consiste en modificar la Constitución hasta que la realidad finalmente tenga la amabilidad de obedecerle.

La seguridad no necesita improvisadores disfrazados de sheriff. Necesita inteligencia policial, persecución patrimonial del narcotráfico -abrir las cuentas bancarias para seguir la ruta del dinero-, coordinación entre policías, Fiscalía, Aduanas, Gendarmería y organismos financieros; recuperación territorial, cárceles que funcionen y capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir las leyes que ya existen.

Y quizás convendría agregar una última recomendación al Ejecutivo: dejar de repetir como loros los discursos de presidentes ubicados al norte del río Bravo. Chile tiene instituciones, historia republicana, Constitución y realidad propias. Podemos estudiar experiencias extranjeras, por supuesto. Lo que no necesitamos es importar eslóganes, enemigos imaginarios ni soluciones prefabricadas como si la seguridad pública viniera en un tutorial de internet.

Porque después de tantos ultimátums, cuentas regresivas, planes que no estaban escritos, reformas imprescindibles que dejan de ser urgentes y anuncios que duran menos que una conferencia de prensa, comienza a surgir una sospecha bastante incómoda: los delincuentes y narcos deben estar con dolor de guata de tanto reírse de todo esto. 

Lamentablemente, para pensar antes de hablar no existe reforma constitucional alguna que ayude a Kast y sus ministros.