Cómo red ABC1 vendió marihuana a "pacientes" con recetas truchas y a artista de Lollapalooza

Sofía Soto y Leopoldo Carmona no son personas reales. Son, en realidad, las identidades ficticias que funcionarios del OS7 de Carabineros eligieron para infiltrarse en la red “ABC1” de tráfico de marihuana desbaratada por la policía y el Ministerio Público, en un operativo que fue bautizado como Imperio Ámsterdam.

Bajo la chapa de sus nombres imaginarios, los uniformados se pasearon por las distintas sucursales del Dispensario Nacional (DN): compraron pitos en Las Condes, Vitacura y Concepción. En Los Ángeles consiguieron gomitas de marihuana sabor cereza. También visitaron la sucursal de Temuco y llegaron hasta las oficinas de Maitencillo.

Las evidencias que Leopoldo y Sofía levantaron en terreno hoy son una pieza clave en contra de la organización que amasó ganancias por más de 8 mil millones de pesos y que incluso sirvió como proveedor de marihuana para un artista del Lollapalooza, según se desprende de informes policiales contenidos en el expediente a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío.

“Era delito”

Leopoldo saltó a la acción el 29 de mayo de 2025. Ese día se estrenó como agente revelador, cuando cerca de las 14:30 horas ingresó a la sucursal que la organización tenía en Maipú.

Con cobertura y vigilancia policial oculta, Leopoldo esa tarde se hizo socio del Dispensario Nacional.

El trámite se reducía a tres simples pasos: dar una fotocopia de carnet, pagar 10 mil pesos en efectivo y presentar una prescripción médica de marihuana medicinal. El agente entregó una cédula con su nombre falso y dio el dinero en efectivo. No tenía, sin embargo, una receta. Un contratiempo de fácil solución en el Dispensario Nacional, según atestiguó Leopoldo. Y es que justo en ese momento apareció en escena Sergio Olmedo González, uno de los investigados, quien tras escuchar del problema, ofreció un arreglo:

—Tomó contacto vía telefónica con una mujer a quien se le refería como doctora, escuchando la conversación en donde le decía: “Hola, doctora. Pasa que tengo un cliente que necesita hora con usted que es especialista y que dentro de las posibilidades la atención fuera para hoy. ¿Existe la posibilidad de obtener una hora médica por videollamada para hoy?” —explicó Leopoldo

La respuesta fue positiva. Al agente le dieron una hora en ese mismo instante. El funcionario pagó la consulta al propio Sergio Olmedo. En total, fueron $30.000 por la atención médica y $12.500 por la venta de marihuana.

—El dinero fue entregado por mano al investigado, donde posteriormente ingresó a una dependencia de donde extrajo un sobre de color café corcheteado, haciéndome mención de que me fuera y ocultara el sobre dentro de mi mochila que portaba y que no le dijera a nadie ya que eso no se hacía porque era delito.

Una vez salió del local, entregó el envase y su contenido a un superior: el resultado fue positivo a marihuana.

“Dispensarme”

De acuerdo con la declaración de Leopoldo, el Dispensario Nacional tenía una especie de convenio con Farmacannabis, una firma de telemedicina que operaba vía WhatsApp. De acuerdo con el agente revelador debía pagar 15 mil pesos por la receta que otorgaba la consulta de endocannabinología.

—Este facultativo me realizaría unas preguntas y según las respuestas que le diera, sería la receta a otorgarme con las dosis y qué productos puedo consumir —explicó el funcionario. En su caso, no fue necesario, pero el 25 de septiembre fue el momento de Sofía.

La agente llegó hasta la sucursal de Vitacura, donde fue recibida por una budtender, término con el que se conocía a los empleados del Dispensario Nacional que atendían y asesoraban a los clientes.

—Una vez incorporada como socia, ella me señaló el método de funcionamiento del Dispensario Nacional. Me dijo que podía comprar en cualquier sucursal a nivel nacional, las veces que yo desee comprar. (…) Ella comenzó a mostrarme diferentes tipos de productos de marihuana, tales como gotas, chocolates, gomitas, marihuana de diferentes razas en formato de pitos y a granel. Le dije que llevaría un pito y ella me manifiesta que le dicen “enroladitos” y tienen de $8.000, $10.000 y $ 12.000, por lo que le dije que compraría uno de $8.000. Ella me corrigió, que no era “comprar” sino que era “dispensarme”.

En los meses siguientes, Sofía recorrería las sucursales de Los Ángeles, Concepción y Temuco, donde también compraría “enroladitos”. Allí se paseó comprando los distintos productos que ofrecía la red.

Según quedó establecido en la indagatoria, los agentes reveladores obtuvieron recetas “en minutos”, mediante plataformas asociadas a la organización, todas con diagnósticos genéricos y sin un control médico real. Una de las pruebas es una conversación que mantuvo justamente Sofía, vía WhatsApp, con Farmacannabis. Bastó decir que tenía problemas para dormir para conseguir, en menos de 20 minutos, una receta.

La fachada medicinal comenzó a caerse no sólo por la jugada de los agentes reveladores. Uno de los propios líderes de la organización, Andrés Astorga Rodríguez, reconoció en una llamada telefónica con una persona no identificada que “aunque presenta el modelo bajo una estructura de ‘farmacia’ y receta médica”, “cualquier persona puede comprar y consumir el producto como quiera”. “La conversación muestra que las ventas y proyecciones de Dispensario Nacional se sustentaban en el consumo masivo, no en un uso médico restringido”, reza la interpretación de los investigadores.

En otra llamada con el mismo sujeto desconocido, Astorga habló abiertamente del “negocio de la marihuana”. Señaló, por ejemplo, que las ventas mensuales habrían crecido de $12 millones a $750 millones, proyecta utilidades cercanas al 20% y afirma que alcanzar US$20 millones anuales en ventas sería un objetivo fácilmente alcanzable.

En una tercera interceptación, los policías escucharon a Sergio Olmedo, el mismo imputado que le consiguió una hora médica al carabinero encubierto, decir que se podía comprar marihuana antes de obtener la receta, regularizar después con el RUT de un tercero y usar la prescripción como “amparo legal” ante controles. También reconoce que la indicación de no fumar era solo “para el papel”, pues el consumo real era fumando.

Pitos para el Lollapalooza

Así las cosas, para insistir en que lo medicinal era solo una máscara, la fiscalía —durante la audiencia de formalización de la semana recién pasada— incluyó una nueva interceptación telefónica a Andrés Astorga. Fechada el 12 de marzo de 2026, a las 13:22, el pinchazo revela que al imputado le solicitaron cannabis “armada o prerolls”. Es decir, los “enroladitos”. O, en buen chileno, un pito armado. Su contraparte, no identificado, lo solicitaba para un artista que en las próximas horas se presentaría en el Lollapalooza.

Si bien no consta en el expediente de qué músico se trataba, lo cierto es que Astorga dio su sí. “Le respondió que no había problema, pudiendo retirarlo en los locales de Colón o Emilio Vaisse”, reza un informe policial. Esa misma tarde se concretó la entrega de drogas.

“Estas comunicaciones son incompatibles con un sistema supuestamente cerrado y terapéutico, y demuestran, por el contrario, disponibilidad de venta al margen de los propios filtros que públicamente invoca el dispensario”, sentencia el documento del OS7 de Carabineros.