El Gobierno y la industria salmonera están analizando qué pasos tomar luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional lo relacionado a la microrelocalización. Esto es, permitir que las concesiones puedan trasladarse hasta 350 metros de su posición original sin necesitar una evaluación ambiental.
Tanto el Ministerio de Economía como el Consejo del Salmón han sostenido que “no es una buena noticia” para la industria en el sur del país.
Desde el Ejecutivo afirmaron que la medida tenía el objetivo de dar más certezas al sector, permitir un “mejor ordenamiento de las concesiones existentes y generar condiciones para destrabar inversiones”.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que respetan la decisión del TC, “pero reafirmamos un compromiso muy claro, especialmente por los trabajadores del sur de nuestro país, que nuestro gobierno trabajará sin descanso para reactivar ese sector”.
Sector defiende norma de microrelocalización
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, sostuvo que con la microrelocalización se abriría una “oportunidad concreta y de corto plazo para generar más de 5.400 nuevos empleos, seguir incrementando el PIB de las regiones del sur y potenciar el encadenamiento productivo de la macrozona”.
Desde el gremio aseguran que el desarrollo de la salmonicultura tiene un “amplio respaldo político”, y que resultado de ello es la votación 5-0 que tuvo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado “y la votación mayoritaria en el Congreso”.
“Estamos convencidos de que el sur no puede seguir esperando. Por esto es fundamental que las declaraciones hechas hoy por el Ministro de Hacienda se traduzcan en medidas concretas y con sentido de urgencia”, concluyeron.
En este contexto, desde el Gobierno confirmaron que van a revisar la sentencia y sus fundamentos, para identificar espacios de perfeccionamiento de la propuesta o, incluso, avanzar hacia una nueva formulación.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, dijo que “esto no puede significar que se paralice la recuperación de la inversión y el crecimiento de la acuicultura chilena. La decisión del TC nos obliga a buscar alternativas, pero no nos puede hacer perder de vista el objetivo: volver a poner en marcha la inversión y recuperar el dinamismo de una industria que es fundamental para el desarrollo del país y especialmente del sur de Chile”.
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