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El Tribunal Oral de Iquique condenó al abogado Rubén Guiza Castro por cohecho agravado en el marco del caso Luminarias LED, relacionado con la licitación del alumbrado público. La investigación suma 15 condenados, entre ellos gerentes de empresas y exconcejales. El fiscal Pablo Medina detalló que el acusado aceptó dinero infringiendo sus deberes. Se estableció que actuó en concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan. La sentencia se conocerá el 15 de octubre.
El Tribunal Oral de Iquique condenó a Rubén Guiza Castro, abogado, como autor del delito de cohecho agravado. La decisión se produjo tras dos semanas de presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. De acuerdo con los antecedentes, los hechos de corrupción ocurrieron durante los años 2017 y 2018.
La causa se relaciona con la licitación por la reposición del alumbrado público de la ciudad, una arista del denominado ‘caso Luminarias LED‘.
Con el término de este juicio, la investigación suma 15 personas condenadas. Entre ellas figuran gerentes de la empresa Itelecom y ELEC. También ex concejales de Iquique. La lista incluye a otros particulares y funcionarios públicos.
Además, un imputado recibió la suspensión condicional del procedimiento. La funcionaria pública Daniela Vargas Barbaric fue absuelta.
El fiscal a cargo, Pablo Medina, detalló que el tribunal dio por establecido que el acusado “ejecutó actos que atentaban contra la probidad pública”. El persecutor añadió que esos actos decían relación con haber aceptado recibir dinero por realizar actos con infracción a los deberes de su cargo.
Condenan a abogado por caso LED
De acuerdo al veredicto, el tribunal dio por acreditado que en septiembre de 2018 el jurista se desempeñaba como abogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique. Esa unidad aprobaba los procesos relativos a la adjudicación de la licitación de luminarias LED. En esa línea, el tribunal estableció que el acusado actuó de concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan.
El veredicto señala que el acusado “tomó contacto telefónico con Cristian Luis Ureta Bravo, perteneciente a la empresa Itelecom, y le solicitó el pago de un beneficio económico”. El tribunal indicó que el acusado se aprovechó de que en su oficina se encontraban los antecedentes del decreto de adjudicación. También dio a entender que la aprobación de la adjudicación dependía de dicho pago.
La Fiscalía demostró estos hechos principalmente con conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. También presentó testimonios de funcionarios de la Policía de Investigaciones que estuvieron a cargo de las diligencias. Esas pruebas se presentaron en el juicio oral.
En el juicio oral comparecieron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Iquique. La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.
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Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
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