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El año 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández, Argentina promulgó el Decreto 256, exigiendo la autorización trasandina para cualquier nave que se proponga atravesar aguas jurisdiccionales argentinas desde o hacia los puertos de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Este Decreto contraviene los tratados chileno-argentinos de 1881 y de 1984, además de la protección al “paso inocente”, regulado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Nuestra respuesta al Decreto 256 ha sido tibia y la Cancillería ha escabullido su deber de defender a nuestros nacionales cuando Argentina lo ha aplicado. Esto, pese a la fuerte oposición que dicho Decreto provoca en Magallanes, que defiende su legítimo derecho a comerciar libremente y en otros sectores nacionales, que consideran que nuestra postura diplomática ha sido lesiva a nuestros propios intereses soberanos.
La problemática -desgraciadamente- trasciende el plano diplomático: En abril de 2016 -bajo la administración de Michelle Bachelet- Argentina aplicó una multa cercana a los 700 mil dólares a la pesquera chilena EMDEPES. El motivo: pescar en las cercanías de las Malvinas sin autorización Argentina.
La multa fue pagada y la Cancillería chilena se mantuvo al margen, aduciendo que se trataba de un asunto netamente administrativo y concerniente a una empresa chilena en el extranjero, pese a que el pesquero multado enarbolaba bandera nacional.
Luego, en 2024, el remolcador chileno Beagle, que había zarpado de las Falklands, fue interceptado por un buque de la Prefectura Naval Argentina y multado, en directa aplicación del Decreto 256. La pasiva reacción del gobierno del presidente Boric se limitó a declarar que existían “conversaciones en curso” y a expresar “preocupación”.
Peor aún, el Canciller Van Klaveren -en un episodio vergonzoso- declaró que la detención se trataba de “un problema entre un armador privado y el Estado Argentino”, como si enarbolar la bandera chilena y ser víctima de un atropello en alta mar por parte de otro Estado, fuese irrelevante para nuestro país. ¿O es que acaso no existe algún deber de protección del Estado de Chile hacia las naves que enarbolan nuestro pabellón frente a abusos de terceros Estados?
La tibieza de nuestra respuesta frente a estos y a otros hechos ha llevado a Argentina a confundir nuestro respaldo a su aspiración sobre las Malvinas, con la sumisión a sus intereses, incluso en desmedro de los nuestros.
Con el actual gobierno, se atisba un cambio de postura: las últimas declaraciones inapropiadas de personeros argentinos han sido objeto de una protesta diplomática y altas autoridades de Gobierno han defendido la libertad de comercio de Magallanes.
La prueba de fuego de la nueva postura se producirá a corto plazo, cuando el buque que la naviera chilena Eastern Island adquirió, para comerciar entre Punta Arenas y Puerto Stanley, inicie su primera navegación hacia las Falklands.
Primero, Argentina presionará diplomática y quizás comercialmente a nuestro Gobierno, buscando impedir administrativamente que la nave zarpe y que nuestro Gobierno cumpla aquello que prometió en la declaración conjunta Milei – Kast.
Si el Gobierno resiste la presión y el buque zarpa, es posible que -envalentonada por la pusilánime reacción nacional en el caso de EMDEPES y del Beagle- la Prefectura Naval Argentina intente dificultar la navegación de la nave chilena, interceptándola o desviándola en el trayecto de ida o multándola de regreso, sentando entonces un precedente para su eventual detención en el próximo viaje. No es descartable un incidente aún más grave si la nave chilena se resiste a la vulneración de sus derechos. ¿Cuál será nuestra respuesta entonces?
El papel de nuestro Gobierno es difícil: debe establecer el equilibrio en la relación bilateral, exigiendo el cumplimiento de los tratados vigentes y salvaguardando nuestra libertad de comercio.
Esto, pese a que ha sido la débil respuesta de gobiernos anteriores frente a hechos similares lo que ha inducido a Argentina a imponernos el cumplimiento de decretos que contravienen el marco de convivencia mutuo y afectan nuestro propio interés. Y es que, parafraseando a Churchill, podemos decir que se nos dio a elegir entre encarar un problema o la lenidad. Elegimos la lenidad, y ahora tenemos el problema.
