ONU busca vincular impuestos y derechos humanos a nivel global: expertos alertan por autonomía fiscal

Paralelo a la discusión de la mega reforma, que en sus puntos más fuertes contempla una rebaja del impuesto corporativo, la Organización de las Naciones Unidas avanza, casi sin ruido, en una negociación de alcance mucho mayor.

Un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que busca establecer, por primera vez a nivel global, un vínculo formal entre la política fiscal de los países y sus obligaciones en materia de derechos humanos.

¿De qué se trata el convenio? La idea central es que los impuestos dejen de entenderse únicamente como una herramienta de recaudación y pasen a considerarse un mecanismo necesario para que los Estados puedan garantizar derechos como la salud, la educación y la protección social.

Bajo esa lógica, decisiones como bajar o subir impuestos ya no serían solo decisiones técnicas o de gestión económica, sino que podrían tener implicancias directas sobre el cumplimiento —o incumplimiento— de compromisos de derechos humanos que los países ya han suscrito en otros tratados internacionales.

La idea de la ONU que vincula impuestos y derechos humanos

Hugo Hurtado, Socio de Deloitte, señaló que poner este objetivo como un fin supremo podría afectar la supremacía de Chile de autodeterminación de la aplicación de impuestos.

“En esta caso, la redistribución tendría un fin superior o supremo respecto a lo otro. Por lo tanto, podría, en el futuro, llegar un contribuyente y reclamar ante tribunales internacionales que Chile no está haciendo un buen trabajo (…) y que puede revisarse determinada política tributaria”, dijo Hurtado.

Este proceso nació formalmente a fines de 2023, cuando la Asamblea General de la ONU decidió iniciar el camino que se extendería al menos hasta 2027.

El enfoque del convenio también ha despertado críticas desde sectores tributaristas.

Algunos especialistas advierten que, si los impuestos llegan a interpretarse como una obligación de derechos humanos, una futura rebaja tributaria podría llegar a cuestionarse “no como una decisión de política económica discutible, sino como un eventual retroceso en materia de derechos —lo que limitaría el margen de maniobra fiscal de los gobiernos hacia el futuro”.

Fue parte de lo que abordó Pablo Mahu, experto en tributación internacional y socio de Serrano Abogados, quien explicó que “algunos cambios tributarios como rebajas de impuestos, sean considerados por otros países como competencia fiscal internacional negativa, lo que, de acuerdo al texto del convenio, podría ser cuestionado por estos terceros países porque afectaría sus propias bases tributarias”.

En el caso de Chile, este tema toca al gobierno anterior, que fue el que respaldó activamente la idea de reforzar el vínculo entre impuestos, redistribución y cumplimiento de derechos humanos.

Sin embargo, el texto definitivo se conocerá recién el próximo año y será en ese momento cuando el gobierno— y el resto de los países involucrados— deban tomar una posición formal sobre si suscribe o no un instrumento que podría condicionar de manera permanente el diseño de la política tributaria nacional.