El kilo de guagua está muy caro

La discusión sobre sala cuna universal se ha reducido a dos trincheras. La derecha económica insiste en el costo empresa, y hace bien en ponerlo sobre la mesa: ese costo existe, es real y hay que resolverlo. La ultraderecha, en cambio, prefirió el atajo del miedo.

La senadora Vanessa Kaiser salió a decir que el proyecto permitiría al Estado “quitarle los niños a los padres desde los cero a los dos años”, cuando el propio texto establece que el beneficio se activa por solicitud voluntaria de la persona trabajadora, solo durante su jornada laboral, y que nadie está obligado a usarlo. Es un derecho, no una obligación. Pero mientras discutimos una mentira, nadie está discutiendo el problema de fondo: el futuro de Chile.

Y los números del futuro son brutales. En 2025 nacieron 146.446 niños y niñas en Chile, la cifra más baja de nuestra historia: un 46,9% menos que hace 32 años. La tasa global de fecundidad cayó por primera vez bajo un hijo por mujer: 0,99. El crecimiento natural de la población se desplomó 94,1% en ese mismo período y hoy el 45,1% de las comunas del país tiene crecimiento negativo. No es una curiosidad estadística. Es el país que no va a tener quién trabaje, quién cotice ni quién cuide a sus viejos.

Se suele explicar esto con argumentos culturales o ideológicos. Yo prefiero mirar el presupuesto de una familia. En Chile el kilo de guagua está carísimo. La mensualidad promedio de una sala cuna privada llegó a $504.000 en 2026, cerca de $6 millones al año, mientras que los cupos en Junji o Integra escasean en barrios populares, y en varias comunas bordea o supera un sueldo mínimo líquido.

Los estudios del Ministerio de la Mujer y Unicef estiman el costo mensual de la crianza en torno a $595 mil. Cuando una pareja joven, endeudada, arrendando y con empleos inestables hace esa cuenta, la decisión de no tener hijos también es de aritmética.

Por eso la sala cuna universal no es un beneficio sectorial ni un gesto simbólico: es política de desarrollo. Es lo que permite que una mujer no tenga que elegir entre trabajar y ser madre, y es lo que corrige de una vez el artículo 203 del Código del Trabajo, esa norma que transformó -según la derecha- a las mujeres en un costo y castiga su contratación en las empresas de más de veinte trabajadoras. Universalizar es el camino correcto. El problema es cómo se está financiando.

Y ahí el Gobierno falló. Su fórmula proponía una cotización de 0,35% de cargo del empleador, compensada con una rebaja de 0,2 puntos en las cuentas individuales de cesantía y de 0,15 en el Fondo de Cesantía Solidario. Es decir, desvestir a un santo para vestir a otro: recortar la protección frente al desempleo, con una desocupación de 9,5%, para financiar educación inicial.

El Senado rechazó por falta de quórum los artículos que sostenían ese diseño, y el proyecto avanzó 25 a 22 convertido en un cascarón sin financiamiento. A eso se suma un diseño que deja fuera a la red pública —Junji, Integra y VTF—, habilita copago de las familias y relaja estándares para la oferta particular.

El ministro Rau fijó enero como meta para que esto sea ley. Bien. Pero un plazo no es un diseño. Si vamos a hacerlo, que se haga con financiamiento fiscal permanente, con la red pública al centro y sin sacarle un peso al seguro de cesantía de los mismos trabajadores a quienes se dice proteger.

Chile no recuperará su natalidad con campañas, ni discursos sobre la familia, ni menos con el miedo de que el Estado se robe a las guaguas. La va a recuperar el día en que tener un hijo deje de ser un lujo. Eso se llama política pública, y se financia con redistribución de los ingresos. Lo demás es dejar que el país envejezca discutiendo sobre fantasmas para obtener un like.