Una jueza de Iquique acusó discriminación en la tramitación de su sumario por viajar con licencia médica. La magistrada alega que la Corte de Apelaciones local ha alargado su procedimiento, pese a dos recomendaciones del fiscal judicial de sobreseerla. Según ella, es la única jueza pendiente en la zona, ya que el órgano resolvió otros cinco casos entre los que se encuentra una colega que admitió haber utilizado la licencia con fines recreativos y para la que el tribunal de alzada apenas determinó una amonestación privada.
Se trata de la misma jueza D., del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, cuyo caso expuso la Unidad de Investigación de Bío Bío en marzo. La magistrada cuenta con una calificación de enfermedad profesional de mayo del año pasado por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
A la jueza se le abrió un procedimiento disciplinario por viajar con licencia médica, pese a que ella argumenta que lo hizo con el fin de estar cerca de sus hijos, que estudiaban en Santa Cruz de la Sierra, mientras se recuperaba de una afección psiquiátrica.
Primera declaración
La jueza se encontraba con licencia psiquiátrica cuando fue notificada de que se había iniciado un sumario por viajar tres veces al extranjero con licencias médicas, entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. De los tres permisos cuestionados, los últimos dos contaban con la prescripción de reposo ambulatorio.
El 3 de febrero de este año, la jueza declaró en dicho sumario:
—Mis hijos cursaban estudios en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y constituían en ese momento mi principal y casi único soporte emocional efectivo —afirmó ella—. Este desplazamiento no tuvo jamás por objeto eludir controles, simular reposo, ni obtener beneficios indebidos, sino sostenerme vital y psíquicamente en un contexto de profundo deterioro de la salud mental.
La magistrada manifestó en esa ocasión que las licencias se correspondían con un “hostigamiento laboral sistemático, deterioro progresivo de la salud mental, ausencia de resguardos institucionales oportunos y una prolongada exposición a condiciones organizacionales adversas”.
Recomendaciones ignoradas
El fiscal judicial Jorge Araya recomendó el sobreseimiento del sumario ocho días después, el 11 de febrero. En su razonamiento, argumentó que la acción administrativa se encontraba prescrita por la primera licencia.
Pero eso no fue suficiente para la Corte de Iquique. De acuerdo con una solicitud del fiscal judicial subrogante, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, el Pleno rechazó la propuesta “a fin de que se solicite el respectivo informe migratorio y cite nuevamente a declarar a la investigada, para que señale dónde estuvo en la época correspondiente a las salidas del país que constan en el sumario y, específicamente, por qué permaneció en el país de Bolivia”.
La jueza presentó un recurso de protección, representada por el abogado Víctor Fuentes, buscando frenar la citación a declarar en el sumario mientras no ocurriera el alta médica. Luego de que este fuera declarado inadmisible por la Corte de Arica, la jueza apeló ante la Corte Suprema.
Sin embargo, la jueza prestó una declaración escrita el 22 de abril pasado, en la que “reiteró sus dichos”, de acuerdo con una resolución del fiscal judicial Araya. El instructor recomendó, nuevamente, que el Pleno de la Corte de Iquique sobreseyera a la jueza.
Araya repitió los mismos argumentos. Respecto de la primera licencia, aseguró que la conducta era una “abierta transgresión a uno de los deberes que se impone a todos los funcionarios del orden judicial en el artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales”, pero que la “acción administrativa se encuentra prescrita”.
Otro fiscal
Pero en lugar de resolver el asunto, el 7 de mayo la Corte de Apelaciones determinó un cambio de fiscal judicial. La resolución del Pleno señala que se acordó devolver los antecedentes a un fiscal judicial “no inhabilitado, (…) independientemente de lo señalado por el Sr. Fiscal Judicial respecto a la prescripción por ser una cuestión de fondo”.
Un mes más tarde la misma corte acordó también aceptar la inhabilidad del fiscal judicial subrogante, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Arica “para su prosecución”.
Contra esa última resolución la jueza interpuso un recurso de reposición. En él, arguye que se dispone remitir los antecedentes “sin precisar qué diligencia queda pendiente”, en circunstancias de que Araya ya había dado su recomendación.
—Si el asunto es de fondo, debe resolverse. Si existen cargos, deben formularse concretamente. Si no existen, debe sobreseerse —menciona el escrito del abogado Fuentes.
Amonestación privada por viaje recreacional
La jueza también ingresó una queja disciplinaria ante la Corte Suprema contra los ministros de la Corte de Iquique por “faltas o abusos graves cometidos en el ejercicio de potestades disciplinarias y de superintendencia”.
Junto con la trama de las dos propuestas de sobreseimiento, el escrito recordaba la calificación de enfermedad profesional por la Suseso, que mencionaba como agente causante “un escaso apoyo social de jefatura o de la organización expresado en condiciones organizacionales hostiles, mantenidos de manera recurrente o sistemática”. Además, señalaba que la jueza se reincorporó el 7 de mayo a sus labores, mismo día en que la corte acordó enviar el sumario a un fiscal judicial no inhabilitado.
–Su reincorporación no contó con una etapa previa suficiente de planificación operativa, revisión psicofuncional ni validación anticipada de medidas concretas de resguardo […]. Más aún, fue la propia magistrada quien debió promover la generación de trazabilidad, levantar el acta de coordinación y elaborar una propuesta de protocolo de reincorporación segura, progresiva y con enfoque de riesgo psicosocial –expresaba la queja.
El máximo tribunal declaró inadmisible la acción, por lo que el abogado de la magistrada presentó un recurso de reposición, en el que detalló que habían recibido información de la resolución de otros sumarios por viajes al extranjero con licencia médica.
—En al menos dos de esos procedimientos, el Tribunal Pleno resolvió derechamente el fondo (…) compartiendo propuestas fiscales de sobreseimiento emitidas durante octubre de 2025, tras ponderar circunstancias —señala el escrito—. Asimismo, esta parte ha tomado conocimiento de que otro procedimiento derivado del mismo antecedente administrativo habría sido resuelto mediante la aplicación de una sanción menor de amonestación privada, aun cuando allí se habrían tenido por acreditadas circunstancias de desplazamiento al extranjero con fines recreativos o de esparcimiento durante licencia médica.
Los casos mencionados corresponden a otros magistrados de la misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique. El abogado de la jueza fustigó la diferencia de criterios, al aceptar los sobreseimientos propuestos en los dos casos mencionados y aplicar una sanción menor en diciembre de 2025, pero mantener abierto el procedimiento contra su representada “sin cargos concretos y sin decisión de fondo”.
Los nombres detrás de las sanciones
El representante de la magistrada presentó una ampliación del recurso de reposición, en la que entregó información adicional, contenida en un acta pública de la programación del Tribunal Pleno de la Corte Suprema. En dicho documento se mencionaba que el Pleno revisaría los casos de cinco magistrados de la zona.
Según el registro, habían sido sobreseídos en primera instancia los jueces Moisés Pino Pino, del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique; Francisco Vargas Vera, del Juzgado del Trabajo de Iquique, y Rafael González Otárola, del Juzgado de Familia de Iquique. En tanto, hubo amonestaciones privadas para Patricia Araya Ponce, del Juzgado de Familia de Iquique, y para Camila Suazo Cobos, del Juzgado de Letras, Familia, Garantía y Trabajo de Alto Hospicio.
—De los seis magistrados vinculados al procedimiento matriz Rol N°546-2025, cinco ya cuentan con una decisión definitiva, sea mediante sobreseimiento o sanción —explica el documento—. En cambio, la situación de mi representada (…) no ha sido cerrada, no ha sido sancionada ni sobreseída, sino que permanece pendiente y ahora, además, fue remitida a una Fiscalía Judicial de otra jurisdicción.
Corte de Iquique recuerda carácter reservado
La Unidad de Investigación de Bío Bío se contactó con el equipo de Comunicaciones de la Corte de Apelaciones de Iquique, para consultarle por las acusaciones de discriminación por parte de la jueza. Desde el organismo enviaron una breve respuesta:
—Consultado verbalmente el Pleno de esta Corte de Apelaciones sobre las consultas efectuadas, no se pronunciará al respecto debido a que son recursos que se encuentran en tramitación. A la vez recuerda que la investigación sobre licencias médicas y viajes al extranjero es de carácter reservada y fue instruida por la Corte Suprema.
Hace una semana la Corte Suprema inició la revisión de 104 casos de jueces indagados por viajes con licencia médica. El Pleno del máximo tribunal incluiría en su análisis también casos que terminaron en absoluciones o sobreseimientos.
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