Chile envejece aceleradamente. Según el Censo 2024 el 14% de los chilenos tiene más de 65 años, casi el doble que en 1992. El índice de envejecimiento poblacional es de 79 personas mayores por cada 100 menores de 15 años, el más alto de la historia.
A comienzos de este mes, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Contiene avances concretos y establece por primera vez un catálogo comprehensivo de derechos para las personas mayores de 60 años, a la salud sin discriminación, a la autonomía en sus decisiones, a una vida libre de violencia, al trabajo digno, a la conectividad digital y a la participación cultural y deportiva; crea procedimientos judiciales específicos con representación legal garantizada para quienes no puedan procurársela; y por primera vez, tipifica la discriminación por edad como categoría sancionable.
El problema es que gran parte de nuestra política pública en envejecimiento descansa en evidencia generada en el norte global, en contextos demográficos, culturales y sanitarios que no son nuestros. Y esto es relevante porque los estudios en trayectorias de vida muestran que la forma en que envejecemos depende de factores genéticos y no genéticos que son profundamente locales como las condiciones sociales, económicas, ambientales y conductuales. Diseñar políticas con datos ajenos implica intervenir sobre una realidad que no hemos medido.
En Chile no tenemos cohortes longitudinales nacionales que tracen las trayectorias de envejecimiento en la población. La investigación en psicogeriatría es marginal pese a que la ley consagra el derecho a la salud mental de las personas mayores. No tenemos instrumentos validados para medir la prevalencia del edadismo en salud, empleo o acceso financiero, aunque la norma lo tipifica como discriminación sancionable. Y la investigación básica sobre los mecanismos celulares del envejecimiento es financiada de manera insuficiente e intermitente.
No es solo un problema académico. La ley ordena al Estado desarrollar programas de cuidado para personas con dependencia, una Política Nacional de Envejecimiento y protocolos de salud específicos.
Necesitamos que la Política Nacional de Envejecimiento -la ley ordena dictar en los próximos seis meses- incluya un componente explícito de inversión en investigación; que ANID abra instrumentos específicos para investigación en envejecimiento y que las universidades ocupemos activamente los espacios que esta ley abre. Debemos estar presentes en el Senama reforzado, los nuevos Consejos Asesores Regionales y el Comité Interministerial.
Chile tiene universidades sólidas, una comunidad científica comprometida y, ahora, un marco legal que reconoce el envejecimiento como prioridad de Estado. Falta articular esos elementos con decisión y visión de largo plazo. Estamos listos para asumir la tarea.
Christian González-Billault
Centro GERO de Longevidad Saludable y Políticas Públicas en envejecimiento
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