Este jueves, La Radio tuvo acceso al Decreto Nº2, donde se indican los primeros lineamientos de lo que será la auditoría al Gobierno central anunciada por el presidente José Antonio Kast.
En síntesis, el documento da las instrucciones para la realización de dicha fiscalización a través de cinco objetivos, anunciando además la creación de un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, sus integrantes y tareas.
“En el inicio de cada mandato presidencial resulta indispensable contar con una comprensión clara, coherente y actualizada del estado financiero, presupuestario y de gestión de la Administración del Estado, a fin de asegurar una conducción responsable de la gestión pública y del uso de los recursos fiscales”, indica el citado Decreto.
“En tal sentido, constituye una prioridad de nuestro Gobierno fortalecer los mecanismos de control público, resguardar la correcta administración del patrimonio fiscal y garantizar que los recursos que pertenecen a todos los chilenos se utilicen con criterios de eficiencia, eficacia, probidad y transparencia”, agrega.
Para ello, se indica un proceso de auditoría y revisión coordinado desde el centro del Gobierno, liderado por autoridades gubernamentales en colaboración con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.
Qué implica la auditoría al Gobierno anunciada por el presidente
El documento, que se hizo llegar a todos los ministerios y a las distintas subsecretarías, establece una serie de objetivos que tienen como foco revisar cómo se están usando los recursos del Estado. Estos objetivos son:
1. Fortalecimiento del control de transferencias y convenios: Promover la revisión de los mecanismos de transferencia de recursos públicos a terceros, incluyendo convenios, subsidios y otros instrumentos de financiamiento público, con el objeto de asegurar la correcta utilización de los recursos fiscales y la adecuada rendición de cuentas.
2. Revisión de los procesos de contratación pública: Impulsar la revisión de los procesos de compras públicas y contratación administrativa, con el fin de verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y competencia que deben regir la gestión contractual del Estado.
3. Seguimiento de contratos de relevancia fiscal: Promover el análisis de contratos y compromisos administrativos que, por su cuantía o impacto institucional, puedan comprometer significativamente recursos públicos o generar riesgos relevantes para la gestión del Estado.
4. Revisión de los procesos de gestión de personas: Fomentar la revisión de los procesos de contratación y gestión de personal en los organismos de la Administración del Estado, resguardando la probidad administrativa y la adecuada utilización de los recursos públicos.
5. Análisis de la ejecución presupuestaria y gestión de programas: Promover el análisis de la ejecución presupuestaria y del desempeño de los programas públicos, con el objeto de fortalecer la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos fiscales y contribuir al mejoramiento de la gestión pública.
“Estos objetivos deberán ser considerados orientaciones prioritarias para el proceso de revisión, sin perjuicio de otras materias que, de acuerdo con su análisis de riesgos y dentro del ámbito de sus competencias, los organismos estimen relevantes para el adecuado control de la gestión pública”, señala el Dictamen Nº2.
Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal
El documento establece que quienes deberán hacer seguimiento a esta auditoría es un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que va a estar integrado por:
– El Subsecretario del Interior
– La Subsecretaria General de la Presidencia, quien presidirá la instancia.
– El Subsecretario de Hacienda
– El Director de Presupuestos
– Un representante del Gabinete Presidencial.
Entre sus tareas está orientar el proceso de revisión, validar los indicadores y criterios de seguimiento, colaborar en la revisión periódica de los hitos y avances del proceso e identificar y asesorar en la gestión de los riesgos institucionales asociados al proceso, proponiendo las medidas necesarias para su adecuada mitigación.
¿Cuál es el plazo para realizar esta revisión al Gobierno?
Se estableció que el plazo de actuación del Comité Estratégico —cuya primera sesión debería tener lugar dentro de los próximos 10 días y donde se deberán fijar las reglas de funcionamiento— será de 6 meses. Es decir, los resultados finales de la auditoría al Gobierno central deberían estar en el mes de septiembre.
“Para efectos de seguimiento del proceso, se establecerán mecanismos de monitoreo y reporte periódico que permitan evaluar el avance de las revisiones, consolidar la información relevante y facilitar la adopción de decisiones por parte del Comité Estratégico. La primera entrega de información al Comité deberá ser remitida dentro de los primeros 30 días”, señala el documento.
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