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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó por decreto la venta de unos 300 bienes inmuebles estatales considerados "innecesarios", excluyendo solo algunas propiedades en el país y en el extranjero. La medida busca achicar el Estado y lograr equilibrio en las cuentas públicas, impulsando la enajenación de propiedades que incluyen casas, edificios y terrenos sin construcciones. Esta acción se une a la privatización de empresas estatales para reducir costos y gastos que el Gobierno considera innecesarios para su gestión.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó este viernes por decreto poner en marcha el proceso de venta de unos 300 bienes inmuebles que son propiedad del Estado y que su Gobierno considera “innecesarios”.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, ordena a la Agencia de Administración de Bienes del Estado impulsar “los procedimientos de enajenación de los inmuebles”.

El decreto excluye a un puñado de propiedades en Argentina y aquellas que se encuentran situadas fuera del territorio nacional.

La lista de los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluye unas 300 propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.

La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas.

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En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles considerados “innecesarios para la gestión” del Estado “genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.

Como parte de su política para achicar el peso del Estado, el Ejecutivo de Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.