El Gobierno argentino restableció este martes el llamado "dólar soja", que permite a los exportadores agroindustriales obtener un tipo de cambio superior al oficial para incentivarlos a liquidar sus ventas en un contexto de escasez de divisas para el país sudamericano.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo restablece la cuarta edición del “programa de incremento exportador” iniciado en septiembre de 2022, que permite a los exportadores ingresar el 75% de las divisas al tipo de cambio oficial mayorista, a 350 pesos argentinos por dólar, y el 25% restante será “de libre disponibilidad”.
Ello implica un tipo de cambio en torno a los 450 pesos argentinos por dólar, es decir, unos 100 pesos sobre el oficial, porque el 25% de libre disponibilidad se negociaría al tipo de cambio financiero llamado “contado con liquidación”, hoy en torno a los 770 pesos por dólar.
El programa, fundamentado en que “es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central” argentino, estará vigente hasta el 30 de septiembre y su adhesión es voluntaria.
Cuarta edición del “dólar soja”
Esta es la cuarta edición del llamado “dólar soja”, que en su primera edición, en septiembre de 2022, permitió liquidar más de 7.765 millones de dólares; en la segunda, en diciembre de 2022, 3.155 millones, y en la tercera, entre abril y mayo pasados, 5.110 millones de dólares.
La necesidad de permitir un tipo de cambio superior al oficial se debe a que Argentina aplica fuertes restricciones para el acceso al mercado cambiario, provocando la proliferación de tipos de cambio alternativos, por un valor equivalente al doble del tipo de cambio oficial que defiende el Banco Central.
Esa brecha cambiaria incentiva la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones e igualmente impide al país acumular reservas, que se encuentran en niveles netos negativos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) recomendó a los productores asociados “comercializar lo mínimo necesario para saldar los compromisos asumidos”.
Lo anterior, tras tildar las medidas de “intervencionistas” y que “distorsionan el mercado generando inestabilidad” con “un propósito recaudatorio desentendiéndose de las consecuencias”.
