La seguridad como justificación para la degradación de reglas democráticas

Por María Graciela López Sheers

Las democracias se debilitan de manera gradual, erosionando las libertades, los consensos democráticos y las instituciones que la sostienen. Desmantelando los mecanismos con que las sociedades procesan la diversidad de ideas, identidades, sensibilidades y disensos.

Durante los últimos días hemos constatado con gran preocupación cómo el actual Gobierno intenta, en nombre de la seguridad, reformar la Constitución creando un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública. Éste permitiría suspender abiertamente libertades individuales y colectivas, interceptar comunicaciones, requisar bienes, entre otras acciones que hasta hoy se reservan para situaciones de guerra externa, sin requerir aprobación ni autorización de parte del Congreso, ni del Poder Judicial para ello.

El debilitamiento voluntario de las capacidades del MINCAP

En el ámbito de las culturas, las artes y los patrimonios, la erosión de la institucionalidad se inició en abril de este año. Fue por la vía de la rebaja de un 9,8% del presupuesto asignado a la partida de MINCAP, pese a que la instrucción de Hacienda fue rebajar un 3% del presupuesto total en todos los ministerios.

El recorte voluntario de parte del Ministro Undurraga, que triplica lo instruido por Hacienda, debilita las herramientas con que esta cartera ejecuta su principal mandato por ley: Contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo las culturas de los pueblos indígenas y la distintas realidades e identidades territoriales.

El cuantioso recorte aplicado implica, como consecuencia, disminuir la capacidad de MINCAP para favorecer:

i). La sostenibilidad de los ecosistemas de las artes, las culturas y los patrimonios.

ii). El acceso de la ciudadanía a los bienes, servicios, conocimientos, experiencias y participación cultural que este sector produce.

iii). Los múltiples beneficios que este sector genera, hacia la sociedad, en materia de salud mental, seguridad en espacios públicos, cohesión social, desarrollo de pensamiento crítico, ejercicio de derechos culturales, por señalar algunos.

Señales de censura

El esfuerzo de parte del Gobierno y de sus aliados en el Congreso por erosionar las libertades en el ámbito de las culturas y las artes no se acota a la rebaja de recursos para implementar la política cultural, sus planes y programas. Las Bases de Convocatoria a Fondos de Cultura 2027, además de la importante reducción de presupuesto respecto a 2026, incorporan una causal administrativa de exclusión de convocatoria para proyectos cuyo contenido pueda calificarse en las categorías de “pornográfico” o “excesivamente violento”. Para esto utiliza categorías de la Ley N° 19.846, creadas para clasificar por rangos etarios las producciones cinematográficas ya terminadas. Esta ley busca orientar al público respecto de la idoneidad de los contenidos de acuerdo a la edad.

A través de minuta del 17 de agosto, sobre la aplicación de la Ley 19.846 en los Fondos de Cultura, el MINCAP informó que esta clasificación será aplicada por equipos técnicos en la etapa de admisibilidad. Lo harán considerando “la información ingresada en la sección de objetivos, como en el desglose de actividades del proyecto”. Se hará antes de que el proyecto llegue siquiera al comité de especialistas que evalúa cada proyecto por mérito artístico.

La Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos culturales, Farida Shaheed (2013), fue explícita en señalar que las restricciones de financiamiento y la crítica severa contra instituciones culturales u obras específicas pueden ser, en los hechos, una forma encubierta de censura. Esto, especialmente cuando el sistema de asignación de fondos deja de ser neutral y pasa a filtrar contenido antes de que un comité técnico independiente pueda siquiera evaluarlo.

Más censura

A esta definición institucional se suma la suspensión de la presentación del libro Auschwitz, Colonia Dignidad y más: Historias de héroes y canallas del periodista Gabriel Rodríguez, programada para el 1 de agosto de este año en el Museo O’Higginiano de Talca. De acuerdo al autor del libro, esta suspensión se produjo por instrucción del Seremi de Culturas del Maule.

En el Congreso, por su parte, los diputados Urruticoechea (PNL) y Rodríguez (PR), ingresaron a fines de julio un proyecto de ley de artículo único. Este busca prohibir el “financiamiento estatal a proyectos cuyo objeto principal consista en la realización, promoción, exhibición o difusión de espectáculos de carácter pornográfico o de explotación comercial de contenido sexual explícito”.

Con esta ley, películas tan populares como: Sexo con Amor o El Chacotero Sentimental, por nombrar algunas, no podrían haber contado con financiamiento de Fondos Culturales ni de CORFO. Si bien este proyecto fue declarado inadmisible en primera instancia por la Secretaría Técnica de la Cámara por legislar sobre materias presupuestarias limitadas al Ejecutivo, en segunda instancia pasó a votación en Sala, obteniendo la admisibilidad para seguir su trámite legislativo.

La libertad de creación como principio de la institucionalidad cultural post dictadura

En un ejercicio de memoria histórica, cabe recordar que, en buena medida, la institucionalidad cultural chilena y los fondos como herramientas de financiamiento de la actividad cultural en las últimas décadas, son resultado de la organización y presión que ejerció el sector artístico, cultural e intelectual chileno para terminar con el “apagón cultural”, como se denominó al periodo caracterizado por las limitaciones a la actividad cultural, censura y exilio que la dictadura cívico militar institucionalizó en este campo.

La libertad de creación ha sido un pilar en la construcción de la institucionalidad cultural chilena post dictadura, sustentada en un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado de Chile a protegerla. Es parte de las garantías constitucionales vigentes (Artículo 19 número 25 ). La Ley 21.045 establece su respeto en el principio rector número 4 del MINCAP; forma parte de Convención de UNESCO sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales vigente en Chile, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos.

Una razonable preocupación

La preocupación razonable que estas medidas juntas produce, es que formen parte de un diseño contemporáneo de erosión de la democracia e instalación progresiva de una cultura afín al autoritarismo. Que, en definitiva, imponga arbitrariamente la primacía de ciertas ideas y contenidos y excluya aquellos que se distancien de su matriz ideológica.

Una reforma constitucional que amplía la discrecionalidad presidencial sobre derechos fundamentales, tramitada bajo la urgencia de una amenaza de seguridad. En paralelo, el debilitamiento de la institucionalidad cultural que históricamente ha servido de contrapeso simbólico en la representación y reconocimiento de la diversidad del país y de espacio donde se procesan disensos y se reflexiona críticamente sobre la realidad y, también, sobre el poder.

Hoy se fragiliza tanto por los recortes de financiamiento disponible para cumplir sus funciones y ofrecer pisos mínimos de sostenibilidad a los ecosistemas de las culturas, artes y patrimonios; como por la imposición de restricciones administrativas reñidas con la protección de la libertad creativa, pilar de la institucionalidad cultural chilena post dictadura.

Estamos frente a señales que nos ponen en alerta, pues el resguardo de las reglas democráticas son una condición sine qua non para vivir y expresarnos en libertad y evitar reeditar “apagones culturales” en Chile.

Ma. Graciela López Sheers
Socióloga.