Por Carla Pinochet Cobos
La publicación de las bases de diversos fondos concursables dejó en evidencia no solo una importante disminución presupuestaria. También introdujo un conjunto de modificaciones —áreas prioritarias, temáticas restringidas, potenciales postulantes excluidos— que parecen indicar un viraje sustantivo en los modos en que el gobierno de José Antonio Kast va a administrar la institucionalidad en cultura y ciencia.
Las cifras son desalentadoras: mientras los Fondos de Cultura 2027 tendrán casi $4.400 millones menos que el año anterior, el concurso de FONDECYT Postdoctorado decidió destinar el 70% de sus recursos a proyectos de diez áreas prioritarias, poniendo al resto de los campos del saber a competir por el 30% restante. Lo decisivo, sin embargo, está en el procedimiento, y en los modos en que este uso de los instrumentos administrativos erosiona el diseño deliberativo de la ciencia y la cultura en nuestro país.
El problema no nace aquí. Tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (2018) como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2017) son herederos directos de sus respectivos Consejos. Un consejo no es simplemente un “comité”: es un órgano deliberativo que toma decisiones colegiadas a partir de una experticia necesariamente diversa y plural. Sus mandatos se renuevan de forma escalonada para que ningún gobierno pueda designarlos por completo, y sus acuerdos quedan en actas que trascienden a quienes firmaron.
CONICYT, creado en 1967, vio ese carácter directivo suspendido por la dictadura y solo lo recuperó en 2015. Con la aprobación de la ley que creó ANID, cinco años después, pierde nuevamente esa potestad directiva, repartiendo la deliberación colegiada en diversas instancias asesoras sin poder de gobierno.
La trayectoria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por su parte, es comparable. El directorio nacional del CNCA regía la institución y su presidente tenía rango de ministro de Estado. El Consejo que lo sucedió, a partir de su constitución como Ministerio en 2017, solo tiene la facultad de proponer, y lo preside el propio ministro al que —supuestamente— debería contrapesar. Ninguna de estas reformas fue obra de la derecha.
Los cuerpos colegiados perdieron su facultad de decidir en reformas hechas en nombre de la eficiencia y la modernización, en lo que fue leído como un avance sectorial aprobado con amplio acuerdo político. No sabíamos, entonces, lo que un gobierno decidido podía hacer con esa estructura.
El agresivo rediseño de la era Kast para las convocatorias 2027 pudo, entonces, “pasar máquina” sin tener que escuchar argumento alguno. No lo hizo discutiendo los instrumentos institucionales vigentes que le tocaría administrar (la Política Nacional y Estrategia Nacional de CTCI 2020-2026; las Políticas Sectoriales de Cultura 2025-2030) y la Estrategia Nacional Quinquenal 2024-2029), sino modificando “detalles” de las bases concursales a nivel de programas específicos.
Es decir, desconoció la tradición deliberativa de los organismos colegiados, cada vez más dispersos en el Ministerio de Ciencia y sin contrapeso real en el Ministerio de las Culturas. Aprovechó subterfugios técnicos para introducir cambios estructurales a nivel de contenido. En nombre de la eficiencia, la modernización institucional de 2017-2018 había dejado a los cuerpos colegiados sin la facultad para decidir. Pero hizo falta un gobierno dispuesto a usar esa estructura sin contrapeso alguno para enterarnos realmente qué era lo que habíamos aceptado.
Me parece sensato pensar que un gobierno democráticamente elegido tenga cierto margen para marcar acentos específicos en sus diferentes programas, canalizando la política pública hacia su visión de país. En efecto, con significativas dificultades prácticas, las anteriores administraciones ya habían introducido criterios de priorización en algunos instrumentos y concursos.
Este gobierno, como ya ha apuntado Carolina Tohá en el podcast Animales Políticos, está esquivando las instancias de discusión pública, desde la Megarreforma hasta el más pequeño de sus fondos concursables. Está introduciendo una agenda marcadamente ideológica a través de recursos administrativos. No hubo una evaluación seria de los programas afectados, ni una consideración de cómo los nuevos criterios se alinean con las políticas sectoriales. Las priorizaciones y restricciones no se derivan de los instrumentos estratégicos vigentes, y lejos de someterse a debate, se esconden en los anexos de las bases concursales.
Es por eso que, aunque los recortes presupuestarios puedan sonar demoledores, no es allí donde debiéramos poner el foco. Lo que está haciendo el gobierno de Kast en ciencia y en cultura es ejercer la política pública sin someterla a las exigencias de la política pública. Está debilitando la capacidad de estos sectores de decidir colectivamente sobre qué conocimientos y qué formas de creación merecen financiamiento público. Y es por eso que es necesario defender esas tradiciones deliberativas y colegiadas ahora, mientras todavía parece un mero trámite.
Carla Pinochet Cobos
Académica Departamento de Antropología
Universidad de Chile
Directora alterna Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, CMUS
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