El debate sobre la informalidad laboral en Chile suele abordarse desde una vereda moral o puramente recaudatoria. Se asume, con excesiva ligereza, que el comercio informal y el autoempleo precario son decisiones evasivas y no condiciones estructurales de vulnerabilidad.
Bajo esta premisa distorsionada, el ecosistema financiero local (incluyendo a las instituciones de microfinanzas), insiste en aplicar un sesgo de selección peligroso: evaluar al trabajador independiente de subsistencia con las mismas herramientas conceptuales y de riesgo con las que se mide a una PYME en vías de formalización.
Esta confusión entre el “emprendimiento por oportunidad” y el “emprendimiento por subsistencia” genera un profundo desacople técnico. Mientras el imaginario clásico de la banca busca planes de negocio, proyecciones de crecimiento e inversión de capital fijo, la realidad territorial de los sectores informales opera bajo una lógica financiera radicalmente distinta: la optimización de la liquidez diaria y la diversificación de estrategias de supervivencia multifraccionales.
Desde una perspectiva económica rigurosa, no podemos hablar de la existencia de un “negocio” (como entidad jurídica o comercial aislada) cuando lo que realmente observamos es un hogar combinando múltiples microactividades inestables para mitigar riesgos. La misma persona que vende desayunos por la mañana en un paradero maneja un transporte informal por la tarde y se instala como “colero” en una feria libre el fin de semana. No existe un flujo de caja comercial unificado; hay ingresos fragmentados, volátiles y altamente adaptativos que mutan según la urgencia del consumo diario o las barreras de movilidad de su entorno.
Para los comités de riesgo y gerencias del ecosistema microfinanciero, el verdadero desafío técnico no es aumentar las tasas de colocación mediante la digitalización forzada de procesos de evaluación. Exigir formalización prematura, carpetas tributarias o el llenado de complejos formularios digitales a una población donde más de cuatro millones de chilenos no han completado la enseñanza media, y que enfrenta severas barreras de alfabetización digital, es una miopía operativa. El costo transaccional y administrativo de la formalidad supera con creces los beneficios de un sistema financiero que los penaliza ante la primera fluctuación del mercado.
La infraestructura del riesgo en la economía de subsistencia es, además, eminentemente territorial. El flujo de ingresos del autoempleo no depende de ventajas competitivas abstractas, sino de la dinámica física de su calle, de la conectividad interna de su comuna y de los capitales relacionales basados en la confianza interpersonal. Cuando la desconfianza opera como un mecanismo legítimo de protección económica frente a la precariedad, los modelos tradicionales de garantía cruzada o de asociatividad forzada simplemente colapsan.
Si las instituciones de microfinanzas en Chile desean mantener su sostenibilidad financiera y capturar el valor real de este segmento, deben abandonar el fetichismo de las métricas de la banca tradicional. Es urgente transitar hacia metodologías de evaluación que midan la resiliencia del flujo del hogar multifacético, que ponderen los flujos de movilidad barrial y que utilicen datos alternativos de comportamiento. Solo entonces dejaremos de diseñar productos financieros para un cliente ideal que no existe, y empezaremos a responder a la economía real que sostiene a millones de familias en nuestro país.
María José Madariaga
Directora ejecutiva
Fundación Crecer
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