Que Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio piensen distinto no es noticia. Que sean capaces de reconocer esas diferencias, sentarse a conversar y proponer una mirada común para los próximos treinta años, aparentemente sí. Y quizás ahí esté el verdadero problema.
La iniciativa de ambos alcaldes propone acuerdos nacionales en materias donde Chile no puede seguir comenzando de cero cada cuatro años: sistema político, modernización del Estado, infancia y vejez, infraestructura, crecimiento y empleo, seguridad y crimen organizado, además de los desafíos tecnológicos que marcarán las próximas décadas.
Podemos discutir cada una de esas propuestas. Considerarlas insuficientes, agregar prioridades o discrepar sobre cómo implementarlas. Eso es hacer política.
Lo preocupante es que parte importante de las críticas no se haya concentrado en el contenido, sino en el simple hecho de que dos dirigentes de sectores distintos hayan decidido construir algo juntos.
Desde la derecha se cuestiona a Bellolio por dialogar con un dirigente del Frente Amplio. Desde la izquierda se critica a Vodanovic por avanzar junto a un representante de la UDI. Esa reacción dice bastante sobre el momento político que vivimos.
Una democracia madura no consiste en que todos pensemos igual. Consiste en que quienes piensan distinto puedan identificar objetivos que el país necesita sostener más allá de quién gane la próxima elección. Porque los ciudadanos no viven en ciclos electorales. Viven todos los días con las consecuencias de nuestras decisiones.
Lo veo también desde los barrios y las comunas. Una familia que espera mayor seguridad, un adulto mayor que necesita una atención digna, un emprendedor que busca oportunidades o un municipio que intenta recuperar un espacio abandonado no pregunta si la solución pertenece a la izquierda o a la derecha. Pregunta si funciona.
Ahí debería comenzar buena parte de la política. La seguridad pública, la infraestructura, la protección de la infancia, el crecimiento económico o la modernización del Estado no pueden depender enteramente del color político del gobierno de turno.
Las políticas verdaderamente importantes exceden un período presidencial. Si queremos enfrentar seriamente el crimen organizado, mejorar nuestras ciudades, crear empleos de calidad o preparar al Estado para los cambios tecnológicos, necesitamos continuidad.
Pero tampoco basta con sentarse a conversar. Existe una crítica legítima a la llamada política de los consensos: cuando los acuerdos se transforman en declaraciones generales que evitan las decisiones difíciles, terminan siendo ceremonias sin consecuencias.
Chile no necesita consensos vacíos. Necesita acuerdos con metas, plazos, responsables, financiamiento y mecanismos de evaluación. Acuerdos capaces de sobrevivir a un cambio de gobierno y que permitan saber, con hechos y no con discursos, si estamos avanzando.
Sin contenido, el acuerdo termina reducido a una fotografía. Y ahí está una diferencia fundamental.
Dialogar tampoco significa renunciar a las convicciones. Un acuerdo democrático tiene valor precisamente porque quienes participan mantienen sus diferencias, pero reconocen que existen desafíos que están por encima de la competencia partidaria.
Chile ya fue capaz de hacerlo. Durante décadas, distintas administraciones sostuvieron políticas de infraestructura, concesiones y apertura económica que fueron perfeccionándose con gobiernos de distinto signo. Hubo diferencias profundas, por supuesto. Pero también existió la comprensión de que un país no puede desarmar cada cuatro años todo lo construido por el anterior. Ese principio debería recuperarse.
Hoy, en cambio, muchas veces la confrontación ofrece mejores incentivos que el acuerdo. Es más fácil conseguir aplausos denunciando una traición que explicando una negociación. Más sencillo destruir al adversario que convencerlo. Más rentable pensar en la próxima encuesta que en el país de las próximas décadas. Así terminamos discutiendo permanentemente el próximo lunes y muy pocas veces el próximo Chile.
He aprendido en política que fiscalizar, discrepar y denunciar cuando corresponde son obligaciones democráticas. Pero también lo es proponer. Y proponer significa, tarde o temprano, construir mayorías y conversar con quienes no piensan como uno. Sin acuerdos no hay reformas duraderas.
Por eso la propuesta de Vodanovic y Bellolio merece ser discutida seriamente. No porque sus siete acuerdos sean incuestionables ni porque sus autores tengan necesariamente las mejores respuestas. Precisamente porque abren una pregunta que la política chilena debería hacerse con mucha más frecuencia: ¿qué decisiones estamos dispuestos a sostener juntos durante veinte o treinta años?
Si la respuesta es ninguna, tenemos un problema mucho mayor que nuestras diferencias ideológicas. Chile necesita volver a distinguir entre adversarios y enemigos.
Se puede fiscalizar con firmeza, defender convicciones y disputar democráticamente el poder. Pero gobernar también exige construir. Conversar no es claudicar. Llegar a acuerdos tampoco significa abandonar las ideas propias.
La verdadera renuncia sería aceptar que Chile solo puede pensar hasta la próxima elección. Treinta años parece mucho tiempo en política. Para un país, es mañana.
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