La Dirección General de Aguas, la Oficina Nacional de Emergencias y la Seremi de Energía, expusieron los detalles de un plan de emergencias para toda la cuenca del Bío Bío, medida que tendría un costo de 1.500 millones de pesos, siendo financiados con fondos estatales provenientes del CORE.
El plan, que debiera estar funcionando en un plazo máximo de 36 meses una vez que se adjudique su licitación, serviría ante eventuales crecidas del río Bío Bío, además de eventos naturales como erupciones volcánicas, terremotos y otros.
Pese a que existe disposición para construir todo un sistema de alerta temprana, aún no existe nada concreto que permita dar tranquilidad a los habitantes de la ribera del Bío Bío, quienes ven con temor que se acerca un nuevo año lluvioso.
Sin bien este sistema no contempla apoyo de privados, el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, insistió en la necesidad de contar con la ayuda de las centrales Ralco y Pangue.
Agregó que existía un compromiso de Endesa para entregar equipos de radio, cuestión que hasta hoy no se cumple.
En tanto, el que fuera presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados tras la tragedia de 2006 producto de la crecida del río, José Pérez, culpó al Estado por las fallas en las comunicaciones ante una emergencia y resaltó que es éste el que debe implementar el plan en el corto plazo.
En tanto, el diputado Roberto Poblete reconoció la falta de celeridad en la creación de un mecanismo de prevención y actuación en el caso de una emergencia.
Mientras eso ocurre, existen en la región del Bío Bío 18 comunas ligadas directamente al afluente, razón que los mantiene preocupados ante el invierno lluvioso y la eventualidad de una nueva crecida que implique la muerte de sus vecinos, tal como ocurrió en 2006.
