El Gobierno defendió los mecanismos de recaudación establecidos en la reforma tributaria aprobada en 2014, tras los cuestionamientos a la iniciativa por el uso declarado de paraísos fiscales de 408 contribuyentes en Chile, por 11.200 millones de dólares.

Esto, como parte de las repercusiones del llamado caso Panamá Papers, el que fueron revelados 11 millones de documentos del estudio jurídico de ese país Mossack Fonseca, el que se dedica a la administración de sociedades offshore, es decir, a distancia.

El escándalo involucra a conocidos empresarios nacionales, dentro de otras personalidades.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, planteó que desde el primer día la reforma tributaria ha demostrado que se cumple una correcta tributación en nuestro país: “Cuando enviamos la reforma tributaria, una de las cosas que hicimos precisamente fue tratar de generar mayores controles, de disminuir la evasión, y nuestro compromiso en materia de que efectivamente se pague lo que corresponde en tributos, creo que ha quedado demostrado desde el primer día”.

Las operaciones reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vinculan al empresario Isidoro Quiroga, los hermanos Calderón Volochinsky -de Ripley-, al dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, al ahora ex presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau, y al ex futbolista Iván Zamorano, junto al ex presidente de la CPC Alfredo Ovalle.

El actual timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, respondió a los cuestionamientos respecto a su predecesor.

Cualquier actitud que sea contra la ley, por supuesto nosotros no la amparamos“, afirmó el dirigente de la multigremial.

La autorización de sociedades offshore de por sí no constituye un delito, sino las principales las dudas respecto a su utilización recaen, primero, en el origen de los fondos administrados y, en segundo lugar, en la correcta tributación de los mismos.

En el caso de los paraísos fiscales, dicha tributación en la mayoría de los casos es igual a cero.

En vista de los antecedentes revelados, el fiscal nacional Jorge Abbott reiteró que el Ministerio Público se encuentra a la espera de documentación para iniciar investigaciones en el caso.

“Estamos atentos a recabar la información que corresponda con el objeto de abrir las investigaciones respectivas [...] si los hechos que llegan a nuestro conocimiento puedan ser eventualmente constitutivos de delito”, indicó Abbott.

En 2003 el Ministerio de Hacienda declaró como paraísos fiscales a 38 territorios, y es precisamente la Unidad de Análisis Financiero de la cartera una de las entidades de fiscalizar operaciones presuntamente constitutivas de delitos en la materia, como el lavado de dinero.

Los 11.200 millones de dólares declarados por contribuyentes chilenos en paraísos fiscales son equivalentes casi al 4% del Producto Interno Bruto, que en 2014 la OCDE cifró en 258.000 millones de dólares.