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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo acusó al Gobierno de entregar información incompleta al comparar rebajas de condenas concedidas a abusadores sexuales con decretos de la administración de Gabriel Boric. Afirmó que los suyos cumplían fallos judiciales, mientras los firmados por Fernando Rabat otorgaron beneficios directamente. Gajardo pidió revisar las 56 rebajas, publicar sus decretos y buscar vías para revocarlas, además de exigir disculpas a las víctimas.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió este viernes a las declaraciones del Gobierno en defensa de Fernando Rabat, luego de que el Ejecutivo comparara las rebajas de condenas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad con decretos firmados durante la administración de Gabriel Boric.

Gajardo acusó al subsecretario de Gobierno de entregar información incompleta y aseguró que existe una diferencia fundamental entre ambas situaciones: mientras los decretos de su administración respondían al cumplimiento de resoluciones judiciales, los actuales beneficios habrían sido concedidos directamente por el Ministerio de Justicia.

“Lamentablemente, el subsecretario de Gobierno no nos entregó información completa. Esos decretos no son iguales“, sostuvo.

Según explicó, el decreto que lleva su firma fue dictado para cumplir una sentencia judicial, mientras que el firmado por Rabat habría otorgado el beneficio mediante una decisión administrativa.

“Hay un decreto, que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente —y lo entrega él directamente— un beneficio a un criminal que ha violado a un niño o que ha abusado sexualmente de ese niño”, cuestionó.

En esa línea, aseguró que durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric existía un criterio común para enfrentar estas solicitudes.

“Cada vez que se presentaba una solicitud de un abusador sexual, de un violador de niños, niñas o adolescentes, le rechazábamos la solicitud de rebaja de condena”, afirmó.

El exsecretario de Estado sostuvo que, cuando los solicitantes recurrían a los tribunales, el Ejecutivo defendía judicialmente su decisión de negar los beneficios.

“Lo que hace el Gobierno hoy día es entregar información incompleta, es confundir a la ciudadanía y eso es extremadamente grave“, acusó.

Gajardo exige revisar las 56 rebajas de condenas

El exministro también cuestionó el anuncio del Ministerio de Justicia de suspender los procedimientos de rebaja de condenas, asegurando que esa medida no corresponde a las facultades del secretario de Estado.

“El ministro de Justicia no puede suspender. Lo que él tiene que hacer es rechazar estas solicitudes“, sostuvo.

Asimismo, emplazó al presidente de la República a instruir una revisión de los beneficios ya otorgados, con el objetivo de determinar si existen mecanismos legales para dejarlos sin efecto.

“Si el presidente de la República no estaba al tanto, le tiene que ordenar hoy al ministro de Justicia que estudien todas las vías para revocar las rebajas de condena que entregaron”, señaló.

Gajardo también exigió que el Gobierno haga públicos los 56 decretos cuestionados, cuyos fundamentos, aseguró, todavía no se conocen.

“Entreguen los decretos, entreguen los 56 decretos, que la opinión pública los conozca, sepa quiénes son, podamos escrutar adecuadamente los fundamentos que se utilizaron”, manifestó.

En ese contexto, criticó que el Ejecutivo haya defendido inicialmente la legalidad de los procedimientos y posteriormente anunciara su suspensión.

“Si fueron impecables ayer, ¿por qué los suspenden hoy?”, cuestionó.

Exministro pide disculpas a las víctimas

Finalmente, Gajardo sostuvo que el Gobierno debe asumir responsabilidades por las rebajas de condenas y pidió que el ministro Rabat ofrezca disculpas a las víctimas y sus familiares.

“En este país se tienen que asumir las responsabilidades políticas. La gente tiene que saber que las personas son responsables de sus actos”, expresó.

Sin embargo, insistió en que la principal medida debe estar dirigida a quienes resultaron afectados por los delitos.

“Lo que yo creo que es más importante es que se le pida perdón por parte de las personas que firmaron estas rebajas, se le pida perdón a las familias de Chile”, concluyó.