Chile podría plantear con orgullo que tiene muchos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. La Isla de Pascua, las Iglesias de Chiloé, Valparaíso, las salitreras Humberstone y Santa Laura y la ciudad minera de Sewell son las favorecidas (aunque hay una buena lista en espera).

Pero Chile, en vez de transformar estos reconocimientos en fuentes de identidad, de desarrollo y de reconocimiento internacional, pareciera que se siente incómodo, es incapaz o, peor, negligente frente a estas distinciones que implican también responsabilidades y, cada vez, está más cuestionado.

Lo que en realidad está en juego son las variables que se incluyen en los modelos de desarrollo que se adoptan en el país. En este sentido, no es casualidad que los dos Patrimonios de la Humanidad cuestionados –la Catedral de Castro y Valparaíso- lo sean por la construcción de grandes centros comerciales, por mal.

Castro

En el caso de Castro no se cuestiona el legítimo derecho de sus habitantes a desear tener mejor comercio, con precios razonables y competitivos. Pero hay muchas formas de obtener aquello, y la que se está implementando es, sin lugar a dudas, de las peores que se pudieron crear (eso sin entrar en las serias críticas y cuestionamientos que ha realizado la delegación local del Colegio de Arquitectos como éste a nivel nacional y sus dudas sobre el cumplimiento de normas).

Hay muchas formas de pensar y diseñar comercio. Cuando se ha optado por que algo sea Patrimonio y Patrimonio de la Humanidad se asumen ciertas responsabilidades. Y si no se está dispuesto a responder a esas responsabilidades explícitas e implícitas que conllevan estas distinciones (que entre otras cosas fomentan el turismo, una industria que ha crecido en Chile pero que todavía tiene mucho potencial), lo correcto –y lo honesto- es renunciar a esas categorías y a los recursos públicos que se han destinado por el hecho de tener dichas categorías.

El argumento que los habitantes de una zona son los únicos que pueden decidir sobre lo que se hace en su territorio es relativa, puesto que forman parte de un país, de una comunidad mayor. Y si fuera así, entonces el resto del país puede decidir quitarle los beneficios que se le dan por el aporte que entregan al país a través de ese Patrimonio, si éste ha perdido valor.

Valparaíso

El caso de Valparaíso es dramático, porque ahí está la sede del Parlamento. Y eso en muy poco o nada ha servido para que hubiese mayor interés, preocupación y capacidad de gestión para rescatar y revitalizar la ciudad puerto. Resulta lamentable la poca y casi nula capacidad de las autoridades locales por aprovechar esta ventaja.

A Valparaíso se le reconocieron, entre otras cualidades, la particular forma de vida que en ella se ha generado. Y es contra eso y a su cualidad de puerto lo que pone en peligro el mall Muelle Barón (además de emplazarse en un lugar que podría ser sitio arqueológico). Porque limita las posibilidades de crecimiento del puerto, por un lado, y porque es absurdo pensar que estos grandes centros comerciales no tienen incidencia en el total de la ciudad. Es cosa de ver lo que pasó, por ejemplo, en Concepción cuando se instaló el primer mal, en los límites entre esta ciudad y Talcahuano.

Lo increíble es que toda la polémica con el mall Muelle Barón surge desde una empresa del Estado y en terrenos fiscales, es decir de todos los chilenos.

Y las guindas para la torta…. Ambos proyectos han tenido como asesores a connotados personajes públicos –y políticos- ligados a la Concertación: Enrique Correa –exministro, exMapu y militante Socialista- vinculado a la empresa que está construyendo el Mall de Castro, y Óscar Acuña –exSecretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales durante el primer gobierno de Bachelet y durante un año de la administración de Piñera, militante DC- asesora al proyecto del Muelle Barón.