Trabajadores del rubro pesquero agrupados en la Fetrapes denunciaron que tras un año de la entrada en vigencia de la Ley de Pesca, en la región del Bío Bío se han registrado alrededor de 1.400, de un total de dos mil en el país.
Juan Montenegro, presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), señaló que existe un silencio cómplice de las autoridades, de parlamentarios y del Gobierno sobre los reales efectos de la también llamada “Ley Longueira”, que fue impulsada por el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, durante la administración de Sebastián Piñera.
Asimismo, sostiene que los miles de trabajadores despedidos hoy están indefensos, pues la plataforma social comprometida por la legislación tiene un reglamento con “letra chica”, que deja fuera de los beneficios a la mayoría de los afectados.
Según Montenegro, el año pasado se aprobaron 1.500 millones de pesos para que el Estado apoyara a los funcionarios desvinculados. Sin embargo, el subsecretario de Pesca les habría dicho que no había recursos disponibles.
Por esto, piden al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet transparentar qué pasó con esos dineros para el Fondo de Administración Pesquera.
