Eventuales acciones legales contra quienes resulten responsables de arrendar inmuebles adquiridos con subsidios del estado, estudia la delegación provincial del Serviu Osorno, tras pesquisar tres casos en la comuna de Purranque.
Lo anterior, en medio del periodo de fiscalización permanente de esa repartición, de acuerdo a lo asegurado por su directora en la provincia de Osorno, Cecilia Ubilla.
Ubilla agregó que este programa sigue en marcha de forma aleatoria en distintos sectores de la zona, a fin de salvaguardar que no se genere lucro inmediato mediante inmuebles que se entregan con aportes del Estado.
Recordemos que ya existen determinaciones drásticas por parte de la justicia en torno a este tema, por ejemplo, con el fallo inédito del Juzgado de Letras de La Ligua en la Región de Valparaíso, que ordenó la restitución del subsidio por 11 millones de pesos otorgado a una beneficiaria residente de Papudo.
Esto último, por incumplir la cláusula que se específica en el título de dominio, y que dice relación con que las viviendas sociales no pueden ser vendidas, arrendadas o deshabitadas por un plazo de cinco años.
En orden a cumplir lo anterior, desde el nivel central se ordenó a los Serviu, fiscalizar en forma permanente el uso de las inmuebles y encargó un estudio nacional sobre la desocupación de viviendas.
