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Respuesta a columna de Gustavo Poblete, titulada: Corrupción en Ucrania: ¿El fin del gobierno de V. Zelenski?
El artículo de Gustavo Poblete en BioBioChile describe diversos casos de corrupción en Ucrania y concluye que estos representan el “fin del gobierno de Volodímir Zelensky” por una supuesta impunidad generalizada y colapso institucional.
Esta interpretación, aunque aprovecha escándalos reales que merecen atención, ignora evidencia estadística sólida sobre el avance de las instituciones anticorrupción ucranianas, la tendencia histórica del país y los mecanismos de supervisión internacional.
En un contexto de guerra total, Ucrania no solo resiste militarmente, sino que continúa construyendo un sistema de rendición de cuentas más robusto que en etapas previas de su historia independiente.
Contextualización del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI)
Los datos de Transparency International desmienten la idea de un deterioro bajo la actual administración. En el CPI 2025, Ucrania obtuvo 36 puntos (ranking 104/182), subiendo +1 respecto a 2024. Esta puntuación consolida el progreso: el país ha ganado +11 puntos desde 2013 y avanzó dramáticamente del puesto 142 en 2014 al 104 actual. La mejora de 3 puntos en 2023 fue destacada internacionalmente como uno de los avances más significativos a nivel global.
Mientras Ucrania implementa reformas para alinearse con estándares europeos, Rusia obtuvo solo 22 puntos (ranking 157/182) en 2025, manteniendo su peor nivel histórico y compartiendo posición con países como Chad, Zimbabwe y Honduras.
Ucrania supera consistentemente a Rusia por 14 puntos y más de 50 posiciones en el ranking. Esta brecha refleja realidades institucionales distintas: Ucrania, pese a la guerra, avanza gracias a presión de la sociedad civil y donantes; Rusia muestra estancamiento y retroceso asociado a instituciones centralizadas y opacas.
Institucionalidad Activa vs. Impunidad
El aumento en la visibilidad de “escándalos” no indica empeoramiento de la corrupción, sino precisamente lo contrario: el fortalecimiento de los mecanismos de detección.
Ucrania cuenta con instituciones especializadas creadas tras la Revolución de la Dignidad de 2014: el Buró Nacional Anticorrupción (NABU), la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) y el Tribunal Anticorrupción Superior (HACC).
Los números son elocuentes:
Primer semestre 2025: 370 nuevas investigaciones, 115 sospechosos, 69 acusaciones y 62 condenas.
Segundo semestre 2025: 367 nuevos casos, 103 sospechosos, 70 condenas y un impacto económico superior a los 4.900 millones de UAH recuperados o prevenidos.
En 2025 completo, el HACC revisó 114 casos (180 individuos) y emitió condenas contra 154 personas, un aumento significativo respecto a años anteriores.
Esto representa una transformación radical. Antes de 2019, el sistema judicial emitía apenas decenas de decisiones en casos de alto nivel en varios años. Hoy, NABU/SAPO/HACC generan cientos de investigaciones y condenas efectivas por semestre, incluyendo contra funcionarios de alto rango, jueces, diputados y directivos de empresas estatales.
La transición de una justicia casi inexistente en corrupción de alto perfil a una infraestructura que produce resultados concretos demuestra una estabilización institucional real, incluso bajo condiciones extremas de guerra.
Acciones de rendición de cuentas
Los escándalos mencionados en el artículo de Poblete no prueban debilidad del gobierno de Zelensky, sino el funcionamiento de los órganos de control. Ante sospechas de malversación en adquisiciones de ayuda humanitaria o defensa, el presidente ha respondido con destituciones masivas de funcionarios responsables (como renovaciones completas en el Ministerio de Defensa en 2023 y acciones similares en otros sectores). Lejos de proteger a los corruptos, estas medidas reflejan una política de tolerancia cero impulsada por presión interna y externa.
Lejos de ser un cheque en blanco, la asistencia internacional a Ucrania está blindada por una arquitectura de fiscalización de múltiples capas operada por organismos externos. La Casa Blanca y los donantes del G7 han implementado una ‘condicionalidad estricta’ que vincula el flujo de fondos a hitos verificables en la gobernanza de empresas estatales y la reforma del Consejo Superior de Justicia.
Afirmar que los fondos internacionales ‘desaparecen’ es un error fáctico. Por un lado, organismos como NAKO ejecutan auditorías preventivas en tiempo real sobre suministros de defensa. Por otro, el Cluster 1 de la UE y el Banco Mundial imponen una condicionalidad estricta: desde 2026, el cumplimiento de auditorías y la transparencia en la reconstrucción son requisitos obligatorios e irreversibles para recibir financiamiento y avanzar en la integración europea. No hay evidencia de fraude sistémico; lo que hay es un control técnico sin precedentes para un país invadido y en guerra.
Además, el Banco Mundial, el FMI, la Casa Blanca y la UE han establecido listas específicas de reformas (gobernanza de empresas estatales, poder judicial, etc.) que Ucrania debe cumplir para recibir cada tramo de financiamiento. Organizaciones como NAKO (Independent Defence Anti-Corruption Committee) monitorean constantemente adquisiciones de defensa y cadenas de suministro. Sistemas como ProZorro (compras públicas digitales), auditorías independientes y reportes de Inspectores Generales estadounidenses añaden múltiples capas de control. No existen evidencias de fraudes masivos a escala sistémica en la ayuda internacional.
El mito del “colapso inminente”
El argumento de que la corrupción marca “el fin” del gobierno ignora la resiliencia institucional ucraniana. Se han implementado recomendaciones de GRECO, OCDE y la Comisión Europea para fortalecer el Estado de derecho. Aunque persisten desafíos —especialmente en contratación pública durante la guerra—, la presión de la sociedad civil post-Euromaidán ha creado una demanda de transparencia que no existía en administraciones previas, particularmente las pro-rusas antes de 2014.
Confundir la detección de la corrupción con su prevalencia es un error metodológico básico. En la Ucrania de 2026, que un ministro sea destituido o un alto funcionario investigado por sospechas no es señal de colapso, sino de que el sistema de pesos y contrapesos está funcionando bajo estándares cada vez más cercanos a los europeos. El “fin del gobierno” que sugiere Poblete es, en realidad, el fin de la impunidad que caracterizó a las administraciones pro-rusas del pasado.
Conclusión
La corrupción existe en Ucrania, como en cualquier país en guerra o en desarrollo, y sin duda debe combatirse con mayor intensidad. Sin embargo, los datos son claros: tendencia positiva sostenida en el CPI, actividad récord de las instituciones anticorrupción, condenas crecientes, destituciones concretas y supervisión internacional estricta demuestran que no hay colapso institucional ni impunidad generalizada. Al contrario, Ucrania avanza en reformas mientras defiende su existencia como nación.
Exagerar los problemas sin contextualizar el progreso mensurable ni compararlo con la realidad rusa (mucho más opaca y estancada) sirve más a narrativas geopolíticas que a un análisis objetivo. La visibilidad de los casos no es síntoma de aumento de la corrupción, sino del éxito de los nuevos mecanismos de detección y de la tolerancia cero del ejecutivo y la sociedad civil frente a las malas prácticas. El camino es largo, pero los avances son reales y verificables.
El error de Gustavo Poblete radica en una confusión metodológica: asume que la visibilidad del escándalo de corrupción es prueba de su aumento. En realidad, en una sociedad abierta, la corrupción se vuelve visible solo cuando el sistema tiene la fuerza para denunciarla y procesarla. Lo que estamos presenciando en Ucrania no es el colapso de un gobierno, sino el nacimiento de un Estado de derecho bajo las condiciones más adversas del siglo XXI.
Nota
Fuentes principales consultadas: Transparency International (CPI 2025), reportes oficiales NABU/SAPO/HACC, análisis de la Comisión Europea, NAKO y revisiones de donantes (Banco Mundial, UE, EE.UU.). Se recomienda consultar directamente los informes anuales para un contexto completo.
