Desde el Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, se advierte que ninguna ley, policía, ministerio o municipio podrá reemplazar por completo lo que una comunidad deja de transmitir mediante el ejemplo y la responsabilidad compartida.
Existe una dimensión de la seguridad que la política chilena parece haber olvidado por completo en medio de la estridencia del debate central: las personas no habitan primero el Estado; habitan el barrio, la plaza —sea esta deteriorada o recuperada—, la feria, la escuela, la multicancha, el trabajo y el trayecto cotidiano en los diferentes medios de transporte. Es precisamente en ese micromundo donde se genera el sentido de pertenencia y la confianza necesaria para convivir, o donde, por el contrario, germina la violencia y el miedo.
Hoy, el municipio es probablemente la primera y última estructura institucional que conserva un contacto cotidiano y sin filtros con la realidad de las personas. Mientras las grandes discusiones nacionales suelen transformarse en consignas abstractas de difícil aplicación, el mundo local continúa enfrentando en el territorio aquello que verdaderamente determina la convivencia: el abandono de los espacios públicos, la deserción escolar, el deterioro comunitario y la lenta pero persistente erosión de las normas que regulan nuestras relaciones interpersonales y vida en sociedad.
No es casualidad que la seguridad municipal haya adquirido un protagonismo inédito en nuestro país. Los inspectores municipales ya no representan una simple función administrativa y preventiva. En muchas comunas, se han transformado en la primera línea de contención; en quienes detectan tempranamente las incivilidades, los conflictos vecinales, las ocupaciones irregulares y los factores de riesgo social que anteceden los fenómenos criminales que poco a poco se han apoderado de los territorios.
Sin embargo, debemos ser claros: la fuerza legitima como medio es fundamental para nuestra democracia y estado de derecho, pero solo contiene y difícilmente reemplazara la educación. Cuando las estructuras culturales se deterioran, el Estado termina intentando reemplazar mediante policías e incluso las fuerzas armadas, aquello que previamente dejaron de transmitir las familias, las escuelas y las comunidades.
El daño más profundo que observamos hoy en Chile no reside únicamente en el hecho delictual mismo, sino en lo que el criminólogo Edwin Sutherland llamó “asociación diferencial”: las conductas desviadas se aprenden socialmente por la exposición reiterada a modelos donde transgredir deja de ser excepcional y pasa a ser racionalmente aceptable.
¿Qué aprende una sociedad cuando observa que quienes poseen las mayores responsabilidades públicas —en la política, la justicia o el deporte— parecen menos dispuestos a someterse a los límites? El daño es pedagógico. Se le exige al Estado resolver cada problema mediante coerción, pero al mismo tiempo promovemos culturalmente un individualismo extremo donde el deber hacia los demás pierde relevancia frente a la satisfacción del interés propio. Queremos seguridad, pero relativizamos las normas.
Por eso, desde el Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad de la AChM, insistimos en que el fortalecimiento del municipalismo es una urgencia país. Las municipalidades operan en el único espacio donde la cohesión social puede reconstruirse de manera tangible: el territorio.
La futura consolidación de mayores atribuciones para la seguridad municipal, mediante la nueva normativa legal y reglamentaria, no es solo un fortalecimiento operativo; es la posibilidad de reconstruir capacidades preventivas allí donde el nivel central llega tarde o no logra comprender las dinámicas locales. Pero incluso este esfuerzo tendrá límites si la sociedad civil sigue debilitando sus propios mecanismos de control social informal.
La estrategia de la AChM apunta a que una comunidad organizada y respaldada por su municipio pueda volver a ejercer un control social informal. Esto significa que el dirigente vecinal, el profesor, el Carabinero, el PDI, el funcionario local y el inspector vuelvan a ser referentes concretos de convivencia. El desafío final, es que cada actor social se haga responsable del país que recibió. La labor de los municipios hoy no es solo robustecer sus patrullajes, sino liderar la reconstrucción de una sociedad que vuelva a valorar y cuidar sus propias instituciones.
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