Frente al descubrimiento de una red de explotación sexual de menores de edad, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que la acción de la justicia se centre en la protección de las niñas y adolescentes involucradas y en la sanción de las personas responsables.
“Lo más importante es proteger a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos graves delitos. El abuso sexual es un delito y debe ser sancionado con las máximas sanciones que contempla la Ley”, afirmó el organismo de la ONU.
Igualmente, la Unicef manifestó que es necesario perfeccionar la legislación vigente, de manera de contar con una Ley de Protección Integral de la Infancia que prohíba expresamente toda forma de violencia y maltrato (entre las que se encuentra toda acción de significación sexual) y la creación de mecanismos efectivos de prevención, respuesta y erradicación de conductas u omisiones de esta naturaleza.
“Una iniciativa legal de este tipo fortalecerá el trabajo de protección, prevención y reparación que las instituciones públicas y privadas actualmente desarrollan en este ámbito”, sostuvo el organismo internacional.
Además enfatizó que la explotación de menores de edad es un delito de la mayor gravedad, ya que se vulneran severamente sus derechos y compromete su salud física y mental, su normal desarrollo y crecimiento.
Unicef hizo un especial llamado a proteger el derecho a la privacidad de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos delitos. “Se debe evitar su revictimización, ya que al ser instadas por los medios de comunicación a repetir una y otra vez las situaciones que les tocó vivir se les obliga a revivir episodios dolorosos y traumáticos. Ellas deben colaborar con la justicia, por los conductos regulares, pero no a través de la prensa”, señaló el organismo en un comunicado.
Agregó que para prevenir este tipo de situaciones se deben fortalecer las políticas sociales y programas específicos, en educación y atención de salud. “Se deben tomar medidas para la prevención de este tipo de delitos y detección temprana, de manera de asegurar la total protección y recuperación social y psicológica de las víctimas”.
Asimismo, el organismo internacional dijo que la comunidad y los organismos del Estado deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos de este tipo se repitan, promoviendo una cultura de respeto a la dignidad y derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.