El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García Sayán, descartó este lunes que un eventual retiro de Venezuela debilite la legitimidad del tribunal, aunque dijo esperar que la amenaza no se concrete.

“Que haya un Estado menos evidentemente no es algo bueno, es algo que afecta, pero el conjunto de Estados que ha reconocido la competencia de la Corte no va de ninguna manera en esa dirección”, expresó el juez peruano a periodistas con motivo de la apertura de sesiones, en la sede del tribunal en San José.

No obstante, “si alguien habló de un retiro, hasta el momento no hay un paso concreto que se haya dado para eso”, dijo García Sayán, evitando mencionar a Venezuela ante las consultas específicas de la prensa.

“A eso me atengo y espero que sea la misma reflexión de aquí a seis meses”, añadió, al manifestar esperanzas de que las intenciones de Venezuela no sean concretadas.

El juez destacó que la fortaleza de la Corte se puede medir en el hecho de que el año pasado el tribunal recibió un 50% más de nuevos casos y duplicó el número de sentencias, en comparación con 2010.

García Sayán señaló que eso no quiere decir “que el terreno es perfecto” o que se desconozca que someterse a la Corte es complicado, puesto que “toca decisiones de autoridades nacionales” y eso “va a llevar a susceptibilidades”.

Pero, agregó, los demandantes y los Estados acusados deben tener “garantía absoluta” de que pueden contar con las condiciones adecuadas para exponer sus puntos de vista en los juicios y “llegar a la conclusión de la legitimidad” de los fallos.

“Tengo plena confianza en que ese proceso de fortalecimiento no está en discusión y que más bien se amplíe involucrando a los países que todavía no han reconocido la competencia de la Corte”, expresó García Sayán, al lamentar que Estados Unidos, Canadá y países del Caribe no reconozcan aún al tribunal.

El presidente Hugo Chávez anunció a fines de julio el retiro de Caracas de la Corte, luego de que ésta responsabilizara al Estado venezolano de “tratos inhumanos” a Raúl Díaz Peña durante su prisión de 6 años por participar en 2003 en atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia.

El gobierno de Chávez, que aún no ha denunciado la Convención Americana ante la OEA, asegura que el sistema interamericano de derechos humanos, que incluye a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está parcializado contra Venezuela y es “un instrumento del imperialismo”.

Durante dos semanas de sesiones, la Corte IDH verá, entre varios casos, una demanda contra Venezuela referida al asesinato de Néstor Uzcátegui, de 21 años, perpetrado en 2001 en la puerta de su casa en presencia de su hermano Luis, quien sostiene que el crimen no tuvo motivos políticos y acusa a un comando policial “en labores de limpieza social”.