La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón el lunes a dos prisioneros que se quejaron de sus condiciones de vida dentro de las superpobladas prisiones de California (oeste) ordenando la liberación de miles de presos.

En una reñida decisión de cinco votos contra cuatro, la máxima instancia judicial estadounidense afirmó querer responder a una situación “excepcional” en la que los prisioneros “sufren y mueren” por el hacinamiento.

Con 156.000 prisioneros en las 33 prisiones previstas para albergar a 80.000, California mantiene un récord en Estados Unidos.

Pero el problema de la superpoblación y su regulación por parte del gobierno federal concierne a todos los estados de un país donde casi ocho de cada 1.000 habitantes son encarcelados.

“Por falta de camas, los internos suicidas pueden pasar largos períodos en una jaula del tamaño de una cabina telefónica”, dijo la Corte Suprema en su sentencia, y citó el caso de un prisionero “que permaneció durante casi 24 horas nadando en su orina, estupefacto”.

La Corte Suprema citó varios ejemplos más acompañados de fotografías, algo excepcional en una decisión de la máxima instancia judicial.

Las imágenes de gimnasios llenos de prisioneros tratando de abrirse paso entre los cientos de literas habían impactado en la opinión pública en 2006.

El origen del caso se remonta a las demandas que hicieron dos prisioneros, una en 1990, otra en 2001, en nombre de todos sus compañeros, en la que planteaban que sus derechos constitucionales fueron violados cuando tuvieron que esperar meses para recibir algún tipo de asistencia médica.

Mediadores independientes fueron nombrados para hacer seguimiento a las decisiones judiciales sucesivas que se han impuesto a California para remediar la situación.

La población carcelaria ha sido ligeramente reducida por el traslado de algunos internos hacia otros estados, pero no lo suficiente.

El personal médico y psiquiátrico, así como el número de guardias, no han aumentado en cantidades satisfactorias y los proyectos de construcción de nuevas prisiones se han paralizado por la crisis económica.

En 2009, tres jueces federales reunidos de forma excepcional ordenaron la liberación de 46.000 detenidos, considerando que el gobierno federal tenía conocimiento, después de 20 años, de que la situación no era ni legal ni sostenible.

Fue ésta la decisión judicial que la Corte Suprema confirmó el lunes, esta vez sin determinar un número preciso de liberaciones, e insistiendo en el hecho de que dejaba “la elección de los medios para reducir el hacinamiento (…) a discreción del gobierno” si era capaz de encontrar una alternativa rápida”.

De todos modos, California no deberá abrir las puertas de sus prisiones de la noche a la mañana sino poco a poco liberar a quienes tengan sentencias leves o no recibir nuevos inquilinos.

Más allá de la cuestión humanitaria, es el de la intervención del Gobierno federal en los asuntos internos de un Estado lo que ha dividido las partes.

Los cuatro magistrados más conservadores de la Corte se han pronunciado en contra de la decisión de la mayoría, y dijeron que equivalía a pedir la liberación de más de 30.000 presos “tal vez la orden más radical en la historia del país”.

Para ellos, el riesgo de liberar a los presos es demasiado importante para la sociedad y deben prevalecer los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Por el contrario, la poderosa organización de libertades civiles ACLU aplaudió una decisión que “encarna la necesidad de California de invertir en una reforma de los procedimientos de condenas y libertades condicionales, especialmente para los pequeños hurtos sin violencia”.

La organización recordó en un comunicado que la reducción de la población carcelaria “ahorrará a los contribuyentes 500 millones de dólares al año”.