Un respaldo a su política de demoler “narco-casas” recibió el alcalde Rodolfo Carter (ex UDI) por parte de la justicia, tras el fracaso de dos acciones judiciales que pretendían evitar la iniciativa de la Municipalidad de La Florida.
Fue la Corte de Apelaciones de Santiago la que declaró inadmisible dos recursos presentados por personas que verían sus viviendas demolidas en los próximos días.
Uno de los recursos fue presentado por Patricia Paredes Ibarra, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. A través de su abogado, presentó un escrito para detener la orden de demolición de un domicilio de su propiedad.
Sin embargo, el tribunal de alzada estimó que “la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto”.
Por esto, fue declarada inadmisible.
La primera “narco-casa”
El proceso de demolición de las denominadas “narco-casas” comenzó el pasado 9 de febrero, con la destrucción de parte de una vivienda ubicada en calle Monseñor Carlos Casanueva.
Según Carter, dicha propiedad pertenecía al líder de “Los Macacos”, una conocida banda de narcotráfico de la comuna. Precisamente, la vivienda estaba vinculada a Nathaly Pérez, su exmujer, quien arrendaba el domicilio a una familia. Antiguamente, ahí funcionaba una barbería.
La propia Pérez presentó el mismo 9 de febrero un recurso de protección para detener la demolición. Sin embargo, este igualmente fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El motivo fue que, como ya se había visto el escrito de Patricia Paredes, el tribunal de alzada ya conoció del asunto. “A fin de evitar duplicidades y decisiones contradictorias, archívense los antecedentes”, se dijo en el fallo.
“Hoy tratan de usar a tribunales”
Ante la decisión, Carter declaró sentirse gratificado por la no admisibilidad de los recursos y resaltó que en La Florida continuarán trabajando, ya que hay mucho que hacer para recuperar los barrios.
Añadió que “sabíamos que los narcotraficantes y sus asociados harían todo lo imposible por impedir la demolición de las viviendas. Ayer usaron niños y mujeres. Hoy tratan de usar a tribunales”.
“Seguirán batallando por impedir algo que temen: que el Estado, que las municipalidades, que los ciudadanos le hagamos frente de una buena vez a la impunidad del narcotráfico”, aseveró.
