Por el delito de apropiación indebida en cerca de $8 millones fueron formalizadas dos exdirigentas del Sindicato de Trabajadores Parlamentarios (Sintrapar).

Se trata de Nelly Cárdenas Silva y María Teresa Bustos, a quienes se les imputa la apropiación indebida durante las gestiones en 2010-2013.

El hecho quedó al descubierto luego que la actual directiva interpusiera una querella contra las dos involucradas tras una auditoría, donde se habrían encontrado diferencias de montos no aclaradas por quienes conformaban la agrupación. Así lo indicó el abogado de la parte querellante, Jesús Balcázar.

En tanto, el abogado defensor, Jaime Silva, criticó el actuar del Ministerio Público, ya que dijo que es una investigación que aún no ha sido esclarecida y en la que faltan antecedentes que justifiquen cuál fue el destino de los dineros.

Por decisión del magistrado Fernando Vergara, el 14 de diciembre se realizará una nueva audiencia de salida, donde el Ministerio Público reunirá todos los antecedentes del caso para solicitar por el momento las medidas cautelares en la obligación de señalar domicilios y firma mensual.