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Penta y los 40 acusados: Las penas que arriesgan Golborne, Délano, Carlos Lavín y otros

BBCL | Agencia UNO
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La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago 40 acusaciones contra personas naturales y empresas, en el marco del caso Penta, al cierre de su investigación, luego de dos años.

Se busca establecer ante la justicia los delitos de soborno, cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios, dentro de lo investigado por financiamiento irregular de la política.

Dentro de los acusados, destacan distintas figuras de la política y del mundo empresarial, tales como el exsenador UDI Carlos Bombal y el exdiputado RN Alberto Cardemil, sobre quienes el Ministerio Público busca que se imponga la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 Unidades Tributarias Anuales (UTA) como autores de delito tributario. En cuanto al diputado UDI Felipe de Mussy, la Fiscalía solicita la misma pena de presidio, pero una multa de 20 UTA.

De Mussy es un parlamentario en ejercicio, al igual que el senador UDI Iván Moreira, sobre quienes se solicita el desafuero. Para Moreira se pide una pena de 3 años de presidio y multa de 40 UTA por delitos tributarios.

A Pablo Wagner, subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, se le imputan diversos delitos. Se solicita la pena de 5 años y un día de presidio y multa del 300% del valor del tributo eludido y 40 UTA como autor de delitos tributarios reiterados y consumados; la pena de 3 años de reclusión, tres años de suspensión de cargo u oficio público en su grado máximo y multa del 100% del beneficio recibido, como autor de delitos reiterados de cohecho consumado. La pena de 2 años de presidio y multa de 200 UTM como autor del delito de lavado de dinero.

Para María Carolina de la Cerda, cuñada de Wagner, se pide la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y multa del 100% del valor del tributo eludido y 20 UTA.

Luego que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa de Laurence Golborne, exministro del gobierno de Piñera y exprecandidato presidencial, la causa en su contra se reanudó. Es así como ahora la Fiscalía solicita la pena de 4 años de presidio y multa de 40 UTA.

También por delitos tributarios, que imputa el Ministerio Público, Pablo Zalaquett, exalcalde UDI de La Florida y Santiago, arriesga la pena de 4 años de presidio y multa de 40 UTA, mientras que Carmen Luz de Castro, su administradora electoral, 3 años y un día de presidio y multa de 20 UTA.

El grupo “político” lo cierran personas vinculadas por la Fiscalía a la emisión de boletas. Entre ellas Isabel Marinovic, pareja de Iván Moreira; Rodrigo Molina, exchofer de Moreira; Eduardo Montalva, encargado territorial ligado al senador; Andrea Schultz, secretaria de Moreira en el Congreso; Verónica Nieto, secretaria de la UDI; y el periodista Ignacio Ternicier, para quienes se pide la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 10 UTA como autores de delito tributario.

Grupo Penta

Para cada uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, se solicitan 10 años de cárcel en total. Es decir, 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa del 300% del valor del tributo eludido como autor de delito tributario en carácter de reiterado y consumado, y la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, tres años de suspensión de cargo u oficio público en su grado máximo y multa del duplo del provecho otorgado al funcionario público como autor del delito reiterados de soborno consumado.

En el caso de Marcos Castro, gerente de contabilidad del grupo, se busca la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y multa del 100% del valor del tributo eludido y 40 UTA como autor de delito tributario; 2 años de reclusión menor en su grado medio, multa del 100% del provecho otorgado al funcionario público y a cinco años de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado mínimo como autor de delitos reiterados de soborno, junto a la pena de un año de presidio menor en su grado mínimo y multa de 200 UTM como autor del delito de lavado de dinero.

Para otros ligados a Penta, imputados por delitos tributarios, se solicitan penas de entre 4 y 5 años de presidio y multas de hasta el 300% de lo eluvido y de entre 20 a 40 UTA. Entre ellos están Manuel Tocornal, exgerente general del grupo Penta; Santiago Valdés, exgerente de Bancard; Francisco Astorga, exsubgerente de administración de Penta; Óscar Buzeta, que se desempañó como gerente de finanzas y administración de Empresas Penta, Tomás Carrasco, dueño de Siglo; María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, esposas de los controladores; Marcos Comparini, director del banco y de la compañía de seguros; Héctor Concha, gerente de Salud del grupo; Hernán Concha, quien fue asesor financiero del grupo; Antonio Espinoza, ejecutivo de Penta; Samuel Irarrázaval, gerente de inversiones Penta III y yerno de Carlos Alberto Délano; Jorge Molina, asesor de Penta; Rodrigo Muñoz, contralor de Penta; Edgard Pinto, ejecutivo ligado al grupo Cruzat; Iván Rojas, exgerente del grupo Cruzat; y Arturo Miquel, gerente general de Agrícola Los Mercedarios.

En el caso del fiscalizador del SII, Juan Martínez, la Fiscalía solicita pena de 3 años y un día de reclusión menor en su grado máximo, cinco años de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en su grado mínimo y multa del duplo del provecho otorgado al funcionario público como autor de delitos reiterados de cohecho consumado, junto a la pena de 3 años de suspensión del empleo en su grado medio y multa de 20 UTM como autor del delito reiterado de violación de secretos.

La lista de acusaciones la cierran Empresas Penta, Inversiones Penta III, Inversiones y Asesorías Challico, y Administración e Inversiones Santa Sarella. Para cada una de las firmas se pide 3 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. 3 años de prohibición absoluta de percibir beneficios fiscales y 10.000 UTM de multa a beneficio fiscal.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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