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Fiscalía inicia investigación por presunto fraude electoral en cambios de domicilio

Pablo Ovalle | Agencia UNO
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El jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, confirmó la apertura de una investigación por presunto fraude electoral tras detectarse cambios involuntarios de domicilio que afectaron a cerca de medio millón de ciudadanos en el padrón.

Montes, en forma paralela, envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Su presidente, Juan Ignacio Piña, confirmó que evalúan si hacerse parte del caso a través de una querella.

El persecutor precisó que luego de una denuncia del diputado Nicolás Monckeberg (RN), se resolvió abrir la indagatoria en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad por presunta infracción a la ley electoral, apuntó Montes.

El parlamentario advirtió que de confirmar el fraude el Ministerio Público, las penas pueden ser de cárcel.

La situación ocurre a 6 días de las elecciones municipales, mientras el Gobierno intenta sacar adelante una ley corta que permita sufragar a los afectados en una tercera urna, ubicada en su local habitual de votación.

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Los errores fueron alertados en julio de 2016, mes en que -según el Gobierno- se ofreció colaboración al Servicio Electoral (Servel) y al Registro Civil para superar los “potenciales errores”.

Se dijo en La Radio: ¿Se debe postergar la elección?

La propuesta habría sido rechazada por el Servel, manteniéndose los errores hasta la actualidad. Desde el Registro Civil, en tanto, indicaron que la situación fue informada en febrero de 2016.

Este viernes, el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Patricio Santamaría, indicó que los datos y los archivos que mantienen en su poder serían enviados al Ministerio Público, a fin de dilucidar responsabilidades.

En cuanto a los cambios de domicilio, ratificó que se efectuaron de manera automática y repararon en ello al fijarse que las modificaciones eran 10 veces más de los que se registraban normalmente, lo que causó tensiones y declaraciones cruzadas con el director del Registro Civil, Luis Acevedo.

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Desde el gobierno, el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, le restó dramatismo a la judicialización del escándalo.

“Cuando hay dudas en el país sobre el comportamiento que puedan tener las instituciones, es lógico que se pueda recurrir a las instancias formales que tiene Chile (…) para que se hagan las investigaciones y se establezcan las responsabilidades que correspondan”, señaló.

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