El anuncio del presidente de Argentina, Mauricio Macri, de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de recibir un blindaje financiero ante la devaluación de la moneda local, despertó los peores temores en el país sudamericano.

“De manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Christine Lagarde nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo”, señaló el mandatario en cadena nacional el martes.

La decisión de la Casa Rosada despertó temores debido a la compleja relación entre Argentina y el FMI, que les recuerda alguna de sus peores crisis económicas y políticas, como fue la ocurrida en 2001 que culminó con el recordado “corralito” y el “5 presidentes en una semana”.

El primer crédito que otorgó el FMI a Argentina data de 1956, cuando el dictador Pedro Eugenio Aramburu, permitió que la organización se instalara en el país trasandino, entre otras medidas económicas, como la desnacionalización los depósitos bancarios.

Aramburu dejó una deuda fiscal de 1.100 millones de dólares, que aumentó a 1.800 millones con Arturo Frondizi en 1962 y a 2.100 millones al término de la dictadura de José María Guido, debido -entre otras causas- a préstamos del FMI, consigna el portal económico argentino Ambito.

La dictadura argentina de 1976 a 1983 (o Proceso de Reorganización Nacional como se autodenominó el régimen militar) se vio beneficiada de varios préstamos por parte del FMI, la deuda pasó de 7.000 millones de dólares a 42.000 mil millones de dólares.

Tras el regreso a la democracia en 1983 y bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el FMI estrechó sus lazos con Argentina, con constantes visitas de los directores de la entidad. Pero la falta de estabilidad en la política cambiaria terminaron con una deuda fiscal de 144.600 millones a 1999 (50% del PIB), cuando asume Fernando de la Rúa.

Cuando De la Rúa llega al poder, toda sus políticas económicas son consultadas con el FMI, ejecutando un aumento de impuestos y el recorte del gasto público, ninguna dio el resultado esperado y a fines de 2001, el ministro de Economía (función que también ejerció con Menem), Domingo Cavallo determina el recordado “corralito”.

Con la deuda y el déficit totalmente disparados, el FMI se negó a dar un auxilio a Argentina, consigna Infobae, por lo que Cavallo implementó la restricción para el retiro de efectivo (corralito). Semanas después De la Rúa renunció y abandonó la Casa Rosada en un helicóptero.

Fue reemplazado por Adolfo Rodríguez Saá, quien renunció ocho días después de reemplazar a De la Rúa. Su sucesor fue Ramón Puerta, presidente del Senado argentino, pero rechazó el cargo y fue remplazado de forma interina por el presidente del Congreso, Eduardo Camaño. Finalmente Eduardo Duhalde se quedaría en el cargo, antes de llamar a elecciones en 2003, donde ganaría Néstor Kirchner, en el inicio de la era K.

Bajo el gobierno de Duhalde en 2003 se registró el último préstamo del FMI a Argentina. Luego de eso vino el kirchnerismo y el cierre de relaciones con la entidad.

En 2006, Néstor Kirchner pagó al contado 9.5000 millones de dólares al fondo y saldó la deuda que había contraído con el FMI, para esa fecha la organización había abandonado Argentina y criticó públicamente algunas políticas kirchneristas, especialmente la falta de transparencia en la publicación de datos económicos durante el gobierno de Cristina Fernández.

La llegada de Macri al poder junto a su ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, fue el paso inicial para retomar la relación con el FMI, y pese a la salida del secretario de Estado del gobierno, la Casa Rosada pudo retomar le vínculo con la entidad.

Macri llegó al gobierno con la intención de reducir la deuda argentina, la inflación y el déficit fiscal. A agosto de 2017 la deuda era 302.700 millones de dólares (casi un 55% del PIB, registrando aumentos en los últimos dos años.

Los medios argentinos hablan de que el préstamo que pedirá Macri al FMI superará los 30.000 millones de dólares, mientras sus ministros negocian el tipo de crédito y las formas de pago, que esperan no termine una nueva crisis social.