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El Servicio Mejor Niñez enfrentó el embargo de su cuenta corriente debido a una deuda de 42 millones de pesos con el propietario de una casa en Nonguén destinada a ser residencia familiar, la cual fue anulada por irregularidades detectadas por la directora regional Andrea Saldaña. Tras confirmarse la deuda, los fondos fueron cancelados, y los abogados del organismo buscan revocar la medida judicial que le impedía acceder a sus recursos.
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El Servicio Mejor Niñez sufrió el embargo de su cuenta corriente, a raíz de la deuda de 42 millones de pesos con el dueño de una casa en Nonguén, que sería usada como residencia familiar. Los montos fueron finalmente cancelados y ahora los abogados del organismo intentan revocar la medida judicial que impide a la repartición el acceso a sus fondos.
Fue en septiembre del año pasado y luego de cuatro meses de arrendada la casa, que era propiedad de Juan Carlos Alarcón, que el Servicio Mejor Niñez anuló el contrato, luego de percatarse la directora regional del organismo, Andrea Saldaña, de irregularidades en el proceso.
Hasta entonces el dueño del inmueble había recibido parte de las rentas y por eso demandó el pago de una deuda de 42 millones de pesos, lo que el Tercer Juzgado Civil acreditó y por eso ordenó el embargo de la cuenta corriente del servicio en el BancoEstado, como lo confirmó el abogado del arrendador, Hans Laurie.
El problema con el arriendo de la vivienda en el sector de Nonguén es que no cumplía con las condiciones para convertirse en residencia familiar y lo que investiga actualmente el sumario ordenado por la directora del servicio es la responsabilidad de quienes estuvieron detrás de la selección de la casa.
En ese sentido, Rodrigo Bustos, dirigente provincial de la asociación de trabajadores, subrayó en lo sospechoso es que se dejara la firma a un funcionario de menor rango, después que el entonces director subrogante Diego Yáñez se fuera a una reunión en Santiago.
El temor del gremio, deslizó el dirigente nacional Pedro Marileo, es que el hilo se corte por lo más delgado y por ello pidiendo las responsabilidades de los altos mandos de Mejor Niñez.
Desde la dirección regional se indicó que el dinero ya fue pagado y ahora en lo que trabajan los abogados es en dejar sin efecto el embargo judicial.
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