Dos internos que cumplen condena por robo con violencia en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, llevan más de una semana en huelga de hambre líquida al interior del módulo 4. Esteban Cheuquián Pantoja y Jorge Baldovinos Días denuncian un mal proceder policial y, por ende, una formalización por un delito que no corresponde.

Conforme a lo manifestado por sus familiares y por las cartas entregadas a éstos, el hecho se remonta al 3 de mayo de este año, cuando según ellos fueron enjuiciados por asaltar a una persona en calle Los Carrera con Bulnes, utilizando excesiva violencia.

Si bien señalan que no pretenden desconocer el delito, sí exigen una recalificación que no incluya el uso de la fuerza en el proceder, y que para comprobar que no están faltando a la verdad piden que se revisen las cámaras de Televigilancia, además de un proceso justo, ya que la fiscal del caso cerró la investigación a pesar de que no había llegado una prueba solicitada con anterioridad.

Los internos ya evidencian la falta de líquido tras 9 días en huelga de hambre, según explicó Luis Garcés, hermano de unos de ellos, quien manifestó que conforme a los últimos chequeos médicos habría bajado aproximadamente 10 kilos, por lo cual temen una descompensación médica.

Garcés reiteró que lo único que demandan, y por lo cual los imputados están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias –huelga de hambre líquida y seca-, es la revisión de las cámaras de seguridad que son administradas por Carabineros, cuyos funcionarios dieron cuenta que el hecho fue cometido en Bulnes y con violencia y no en Portales como –aseguran- habría ocurrido.

Frente a lo denunciado por los familiares, se refirió el Defensor Penal a cargo de la representación de los imputados, Renato Jiménez, quien explicó que efectivamente en su plazo judicial el fiscal declaró el cierre de la indagación, aún estando solicitada una diligencia de investigación, correspondiente a la revisión de las cámaras de seguridad del sitio del suceso.

No obstante ello, la ley permite –dentro del marco de la legalidad- a cualquiera de los intervinientes, solicitar dentro de 10 días de cerrada la investigación, que reitere el Juez de Garantía diligencias precisas y que se hayan requerido con anterioridad, hecho por el cual el tribunal debiera citar a una nueva audiencia a fin de debatir sobre ese punto dentro de los próximos días.

Respecto a la calificación del hecho, el abogado explicó que efectivamente la recalificación del delito es una instancia que se puede debatir durante el juicio, bajo el aporte de prueba material y pericial que acredite por ejemplo que fue un hurto y no una situación donde se utilizó la fuerza o violencia.

De aprobarse la solicitud de reapertura del plazo, dijo Jiménez, lo único que se pretende es permitir que termine de arribar parte importante de la prueba y que –insistió- fue requerida con bastante tiempo y que permitiría corroborar o desmentir lo manifestado por los imputados en base a cierta irregularidad de información plasmada en el parte policial y por el cual fueron formalizados por un delito que aseguran no cometieron.