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Exparamilitares, mayor amenaza para el Estado en Colombia, advierte la ONU

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Los grupos armados creados por exparamilitares se han expandido a gran parte de Colombia y constituyen la mayor amenaza para el Estado, alertó este miércoles la oficina local de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

“Los grupos surgidos tras la desmovilización de las organizaciones paramilitares constituyen la mayor amenaza al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos en Colombia hoy en día”, afirmó el alemán Christian Salazar en una rueda de prensa de despedida como representante de la alta comisionada en Colombia.

Estos grupos, que vienen intensificando sus acciones criminales desde 2010, “mantienen una fuerte presencia en gran parte del territorio nacional y son la fuente principal de violencia contra la población”, consideró Salazar.

En Colombia operan al menos siete bandas criminales conformadas en parte por exmiembros de las organizaciones paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en un controvertido proceso de desarme entre 2003 y 2006, informó en abril el Ministerio de Interior.

Estos grupos tienen presencia en 17 de los 32 departamentos del país y están integrados por más de 4.000 miembros, de acuerdo con Interior, aunque estimaciones de algunas ONG elevan la cifra a unos 11.000.

Estas nuevas bandas tienen una gran capacidad de corrupción y son responsables de asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y reclutamiento de niños y jóvenes, describió Salazar.

En el balance de sus tres años como representante de la alta comisionada en Colombia, el alemán también reiteró su preocupación por “la cada vez más grave afectación de la población civil” en el marco del conflicto entre el Ejército y las guerrillas.

Salazar subrayó que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla más antigua de América, y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) cometen ataques no sólo indiscriminados contra la población sino también intencionales.

Estas últimas agresiones “pueden convertirse en crimen de guerra, imprescriptible y no sujeto a amnistías”, recalcó el funcionario, que en enero asumirá como director adjunto de la dirección de programas de Unicef.

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