La Contraloría General de la República dictaminó que la normativa municipal de Huechuraba impulsada por la ex alcaldesa, Carolina Plaza, que establecía sanciones de cárcel a los apoderados cuyos hijos no asistieran a clases, no se ajustaba a derecho, estableciendo que la municipalidad deberá invalidarla en el más breve plazo.
Esto luego, que en el mes de abril el senador Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, junto al senador Alejandro Navarro, solicitaron un pronunciamiento al ente contralor, debido a que la medida de la ex alcaldesa provocaba un grave problema de legalidad y que buscaba criminalizar el ausentismo escolar en su comuna, cuestión que confirmó el dictamen.
El parlamentario de oposición lamentó que personas como la ex alcaldesa Carolina Plaza, con una considerable falta de criterio jurídico, pretenda ocupar un cargo en el Gobierno, donde podría ser nombrada como Jefa de la División de Organizaciones Sociales (DOS) dependiente de la Segegob, tras renunciar a su cargo como jefa comunal de Huechuraba.
El senador Jaime Quintana, calificó como un nuevo error del Gobierno el posible nombramiento de Plaza, indicando que “una autoridad que buscaba penas de cárcel para apoderados, que por distintas circunstancias no enviaban sus hijos a clases, puede transformar la División de Organizaciones Sociales en una escuela de Gendarmería”.
“La decisión de la ex alcaldesa Plaza tenía la misma estrategia, que la del alcalde Labbé: poner la amenaza por sobre la ley”, enfatizó el legislador.
El congresista aseguró que “esta ordenanza atentaba contra los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional, ya que la medida sólo buscaba perseguir a los apoderados de establecimientos municipales”, agregando que era una medida completamente discriminatoria.
