En una declaración pública fechada el 3 de agosto pasado y hecha pública este viernes, el cuerpo docente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades y Arte, dio a conocer su postura frente al actual conflicto por la educación que mantiene movilizado a miles de estudiantes a lo largo del país.
En 4 puntos ellos estiman que deben hacerse parte de la discusión por la educación, llamando a las partes para que integren una instancia participativa de forma que “la reforma educativa debe ser un proceso participativo y no de imposiciones”.
Por otra parte hacen un llamado a mejorar el financiamiento público de la educación para situarlo al menos en la media de los países pertenecientes a la OCDE “ya que el país se encuentra muy por debajo de ella en materia universitaria”.
Finalmente rechazan todo tipo de violencia “de cualquier naturaleza u origen que se produzca”, añadiendo que como docentes deben velar por la formación de sus estudiantes y que por lo estructural de las reformas que están siendo propuestas consideran que debe compaginarse la actividad académica con las movilizaciones, garantizando “el libre acceso a las instalaciones”.
Revisa la declaración completa aquí:
LOS PROFESORES DEL DPTO. DE HISTORIA ANTE LA PROBLEMÁTICA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN
Ante la encrucijada que vive la educación chilena, cuya evolución venimos analizando y discutiendo desde hace meses, los profesores del Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción estimamos necesario consignar en este documento una serie de puntos básicos. Pensamos que a partir de ellos se puede alcanzar un consenso general con una reflexión que nos permita afrontar los temas internos y externos que nos afectan, contribuyendo también a la defensa de nuestra casa de estudios, corporación con vocación de servicio público y referente fundamental por su impulso del desarrollo regional y nacional desde su fundación como iniciativa de la comunidad penquista. Por ello:
1. Es esencial que se plantee un pacto social entre todos los actores implicados (gobierno, parlamento, docentes, estudiantes, padres, apoderados y trabajadores en todos sus niveles), de manera que la reforma educativa debe ser un proceso participativo y no de imposiciones; de respeto a las opciones existentes, estatales o privadas, pero entendiendo siempre que la educación debe ser una actividad de servicio al bien público y que contribuye a mejorar nuestra sociedad. Para ello, se deberá propiciar y garantizar, tanto desde la legislación como en cada centro de estudios, el perfeccionamiento de los mecanismos participativos que, a través del debate y consenso, contribuyen a hacer de la universidad un espacio de diálogo, tolerancia y respeto a la diversidad.
2. Consideramos fundamental que se potencie la educación que tiene una vocación de servicio público con un incremento en los recursos a través de aportes directos e indirectos, un presupuesto nacional de mayor cuantía en inversiones, medidas en porcentajes sobre el total (mostrando así su carácter estructural), que sitúen a Chile al menos en la media estimada por la OCDE, ya que el país se encuentra actualmente muy por debajo de ella en materia universitaria. Estos aportes basales deberían concretarse sobre todo en mejorar la ayuda estatal en becas y subvenciones de matrículas (especialmente para las familias de menores ingresos) y evitar el endeudamiento que ocasionan los altos intereses del sistema de créditos vigente.
3. Compartimos las reservas existentes en torno al sistema actual de verificación de la calidad de la educación, el cual debe ser ampliado y mejorado. En lo tocante a universidades, más allá de lograr un sistema de acreditaciones que garantice un mayor control de las agencias, con mayor supervisión y transparencia en su gestión, es necesario realzar el valor de las tareas de investigación y extensión a la comunidad que se llevan a cabo especialmente en las universidades de servicio público, parte esencial del proceso de la enseñanza superior a través de una mayor inversión estatal, mejorando los programas ya existentes y ampliando su cuantía y acción.
4. Rechazamos todo tipo de violencia de cualquier naturaleza (física, verbal o de actitud) u origen que se produzca. Todos juntos hemos de preservar el derecho ciudadano a la libre expresión pacífica y democrática. Asimismo, considerando nuestro objetivo fundamental como profesionales de velar por la formación de los estudiantes y, dado lo amplio y estructural del proceso de reforma en curso, hacemos un llamado a compaginar el trabajo académico con las movilizaciones y a garantizar el libre acceso a las instalaciones educativas, para defender con ello la formación de nuestros estudiantes y facilitar la discusión entre todos de los problemas que nos aquejan.
Concepción, agosto de 2011
