El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) rinde testimonio este jueves ante el Congreso sobre un escándalo de espionaje ilegal a magistrados, políticos de oposición y periodistas, uno de los casos más turbios de su gobierno.

La audiencia será la primera en la que comparezca el ex mandatario. Se prevé que en ella responda unas 60 preguntas, con las que se definirá si se le abre una investigación formal.

Si la comisión determina que procede la investigación, el caso pasaría al Senado, donde se decidirá si hay indicios de delitos penales que ameriten un proceso en la Corte Suprema de Justicia.

Esta sesión ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes fue solicitada por el propio Uribe, quien en los últimos meses ha defendido públicamente a los ex altos funcionarios de su gobierno implicados en el caso, además de su propia inocencia.

Se trata de una declaración voluntaria, en una audiencia abierta al público que se transmitirá por televisión. La sesión comenzará después de las 14H00 locales (19H00 GMT).

“Vamos a comparecer puntualmente. Fue el (ex) presidente quien solicitó (declarar en) versión libre ante las varias imprecisiones, mentiras y tergiveraciones de los hechos”, dijo este jueves su abogado, Jaime Lombana.

“El país conoce que (Uribe) es un demócrata integral y cumplirá con las normas. Tendrá la disposición absoluta de ser interrogado y también de exponer sus argumentos defensivos”, añadió.

El escándalo sobre las interceptaciones telefónicas, seguimientos y acoso a magistrados de la Corte Suprema, así como a políticos opositores y periodistas, por parte del servicio secreto DAS -organismo que depende directamente de la presidencia- estalló en 2009.

Según la Fiscalía, el DAS infiltró la Corte Suprema para espiar a los magistrados, varios de los cuales investigaban nexos entre dirigentes políticos y los grupos paramilitares de extrema derecha que durante años combatieron a las guerrillas izquierdistas y cometieron miles de crímenes contra civiles.

La intención era obtener información para desprestigiar a los magistrados, según las acusaciones de la Fiscalía.

Entre los políticos espiados figuran el ex candidato a la presidencia y ex senador izquierdista Gustavo Petro y la ex senadora liberal Piedad Córdoba, quien en los años recientes medió en varias liberaciones de rehenes de la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Se esperaba que Córdoba asistiese como víctima este jueves a la audiencia de Uribe, pero declinó acudir afirmando que fue convocada apenas el día anterior. Además, aseveró que su presencia carecía de sentido puesto que no se le permitiría hacer preguntas.

Los comunicadores que fueron sometidos a grabaciones, seguimientos y hostigamiento son en su mayoría periodistas independientes que realizaban reportajes o publicaban columnas de opinión con críticas al gobierno de Uribe.

Hace un mes, la Fiscalía imputó al ex secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, y a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, actualmente asilada en Panamá, al aseverar que ambos realizaron actividades de inteligencia sin orden judicial, en especial a los magistrados de la Corte Suprema.

Uribe ha defendido que sus ex funcionarios puedan pedir asilo, por considerar que en Colombia la justicia no les otorga suficientes garantías.

La indagación a Uribe en el Congreso se ha visto entorpecida por la recusación del congresista que llevaba el caso, el conservador Alfredo Bocanegra, y luego por la renuncia de su reemplazante, Camilo Abril, del partido centrista Cambio Radical, quien denunció amenazas a él y a su familia.

El caso está ahora a cargo del parlamentario Yahir Acuña, del Partido de Integración Nacional, uno de los grupos políticos más cuestionados por los vínculos de algunos de sus dirigentes con los paramilitares.