La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime este martes el tercer trámite constitucional del proyecto presentado por el Ejecutivo en agosto pasado, tendiente a restringir el universo de personas que pueden optar a los beneficios de la ley que regulariza la inscripción de pozos y norias, privilegiando a pequeños productores y a comunidades indígenas.
El proyecto surge a raíz de las modificaciones al Código de Aguas aprobadas en 2005, cuyo articulado transitorio autorizaba a la Dirección General de Aguas del MOP (DGA) a constituir derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros por segundo, entre las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana; y hasta 4 litros por segundo en el resto de las regiones, sobre captaciones que hubiesen sido construidas antes del 16 de junio de 2006.
Sin embargo, una vez publicado el cuerpo legal se presentaron más de 55.000 solicitudes a la DGA, dentro de las cuáles hubo casos que no correspondían al espíritu original de la iniciativa.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, destacó que con esta nueva normativa “impedimos un desastre. Si se hubiera mantenido la ley vigente desde 2005, se habrían tenido que otorgar derechos de agua en una cantidad gigantesca de cuencas, desde Arica hasta la Región de O´Higgins, zonas en las que no hay agua y que, en consecuencia, se habría agravado la situación de los acuíferos y los derechos de agua se habrían transformado en derechos de papel”, aseguró.
