La declaración de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Ministerio Público, reveló detalles hasta ahora desconocidos respecto al polémico negocio de Caval y la compra de terrenos en Machalí.

En el testimonio entregado por Natalia Compagnon a la Fiscalía, el pasado jueves, se indica que “el 50%” de la ganancia del negocio iba a dos conocidos dirigentes de la UDI: Patricio Cordero y Juan Díaz, de acuerdo a lo difundido este domingo por La Tercera.

El primero fue el administrador municipal de Joaquín Lavín cuando éste era jefe comunal de Santiago y de Las Condes. En tanto, Díaz, gestor inmobiliario, apareció en la palestra cuando Pablo Longueira, entonces presidente de la UDI, lo contactó para desvirtuar la declaración de Gemita Bueno contra el senador de Jovino Novoa en el caso Spiniak.

En la declaración de ocho carillas que tiene el fiscal Toledo, y a la que accedió La Tercera, Compagnon dice desconocer un supuesto contrato escrito sobre la entrega de la mitad de las ganancias a la señalada dupla, pero asegura que “acepté el acuerdo, aunque me parecía injusto”.

Según la esposa de Sebastián Dávalos, el negocio en Machalí terminaría reportando $1.400 millones luego que se cancelaran los créditos y las deudas asociadas. De esta suma, el 50% iría a la dupla Cordero-Díaz, y la otra era para ella y Mauricio Valero, es decir, para cada uno iban $ 350 millones.

Compagnon puntualiza que a fines de febrero Juan Díaz recibió dos cheques en garantía, los que alcanzaban 800 millones de pesos.

“Entiendo que Juan Díaz tiene una vinculación con Herman Chadwick. Según relatan los medios, trabajan juntos. También en una ocasión me habló de su vinculación con Pablo Longueira y Jovino Novoa. Él es de la UDI y toda su red es de esa tendencia”.

“A Juan Díaz, quien es conocido como ‘El Gatito’, lo conocí en septiembre de 2013 en medio de las negociaciones, y de él tenía muy poca información, me comunicaba habitualmente con él y dejé de hablar con él hace un par de semanas. Respecto de Patricio Cordero lo conocí la última semana de febrero de este año porque pedí conocerlo ya que él era parte del negocio de Machalí. Sabía que Cordero existía, que había sido el generalísimo de Joaquín Lavín, pero no lo conocía”.

“Cuando ellos traen el negocio proponen un acuerdo que era: 50% de las utilidades del negocio para Patricio y Juan; el otro 50% para Caval. Ese acuerdo lo realizó Mauricio y yo no participé. Lo acepté aunque me pareció injusto, porque nosotros pusimos la cara y nuestro patrimonio y ellos sólo cooperaron en traer el negocio. Desconozco si hay un contrato escrito de este acuerdo. Sé que a Juan Díaz se le pasaron dos cheques de Caval como garantía por aproximadamente $ 800 millones, a fines de febrero o primeros días de marzo, los cuales están a su nombre y fueron firmados por Mauricio, pero yo señalé que yo no los entregaría porque no teníamos fondos”.

Compagnon declara enfáticamente que deslinda de responsabilidades a su esposo y a la Presidenta en la cuestionada transacción.

Sobre Michelle Bachelet asegura que no supo del negocio en Machalí en ninguno de sus aspectos. “Nunca supe que se empleara el nombre de mi suegra la Presidenta Michelle Bachelet para alguna gestión del negocio en el Banco de Chile o en cualquier otra parte, menos aún autorice algo así. De hecho le dije a Andrés Levine que tenía claro que habían ensuciado mi nombre y el de familiares míos”.

De Sebastián Dávalos, afirma que éste sólo la acompañó a la cita con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, porque ella se lo solicitó. “Mi esposo no habló, sólo saludó y se dedicó a mirar la oficina y escuchar”, declaró.

“Mi esposo no intervino ni nunca supo del detalle del proyecto de los terrenos. Sí trabajó para Caval en algunos proyectos como en tecnología con Advantec, me ayudó a ver una fundación de hipoterapia. El trabajaba como jefe de proyectos hasta el mes de diciembre del 2013 o enero del 2014, en todo caso previamente a su cargo como Director Sociocultural del Palacio de La Moneda”.

Recordemos que el fiscal de O’Higgins, Luis Toledo, y el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, investigan los posibles delitos de revelación de secreto, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible, y tráfico de influencias en la compra de los terrenos.