Michelle Bachelet ha hecho propia la interpelación hecha en julio al Estado de Chile por el Comisionado ONU Ben Emerson, de no aplicar la Ley Antiterrorista a las causas del movimiento mapuche. Se ha comentado suficientemente que Bachelet ya hizo y deshizo esta promesa durante su gobierno anterior, pero nos parece que hay otros elementos a tener en cuenta para juzgar sus palabras.
Bachelet declaró, como argumento para no invocar la Ley Antiterrorista, que “las leyes (comunes) son lo suficientemente fuertes” y por lo tanto, esta ley especial no es necesaria. Para quienes hemos sido testigos de lo que ocurre en los tribunales de Collipulli, Angol, Temuco, Cañete o Valdivia con las causas mapuche, las palabras de Bachelet tienen un significado muy preciso, que quizá ella misma desconoce.
Recordemos que la Ley Antiterrorista es una excepción a las garantías constitucionales, fundamentada en el derecho penal del enemigo. Pero por lo que hemos observado, habría que decir que un futuro gobierno que quiera seguir teniendo mapuche presos para no enfrentar la demanda territorial, de hecho hoy no necesita la Ley Antiterrorista, como no la ha necesitado el actual gobierno de derecha, salvo en una causa.
Desde la huelga de hambre del 2010 y el juicio en Cañete que tiene encarcelados a Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul, el Estado de Chile cambió su estrategia, al ver que la invocación de la Ley Antiterrorista atraía los ojos de organismos internacionales. Al no invocarse la Ley Antiterrorista, pero utilizando los testigos secretos como herramienta para obtener largas prisiones preventivas y altas condenas sin pruebas, el Estado no ha hecho más que camuflar las violaciones al debido proceso. Se trata de una mera artimaña político-judicial. La utilización de estos testigos en causas mapuche fue cuestionada por el Comisionado ONU, pero los tribunales han hecho caso omiso a estas recomendaciones, y el gobierno actual ha ninguneado públicamente al Comisionado.
Para ser más precisos, habría que decir no que la ley común es suficientemente fuerte, sino que es suficientemente ambigua para seguir encarcelando mapuche sin pruebas, o que los fiscales especiales para causas mapuche cuentan con recursos que no cuenta ningún otro fiscal, y que jueces de la zona en distintas ocasiones han olvidado la presunción de inocencia al dar crédito a testimonios de los cuales no es posible indagar su credibilidad, y esto sin necesidad de invocar la Ley Antiterrorista.
Tal es el caso, por ejemplo, de Emilio Berkhoff en el Tribunal de Cañete, encarcelado por 7 causas sin pruebas, sólo por testimonios inverosímiles de testigos secretos. Numerosos relatos en Tirúa coinciden en que desde hace años policías ofrecen dinero en las comunidades mapuche a cambio de encarcelar a tal o cual persona.
Ejemplos paradigmáticos son también las causas que lleva la Fiscalía de Collipulli y que en los Tribunales de Collipulli y Angol obtienen largas prisiones preventivas y altas penas bajo el puro testimonio de policías coludidos con el fiscal o de testigos secretos (por ejemplo hoy el werkén Daniel Melinao está encarcelado sin pruebas un año después del hecho por el que se le acusa, siendo que pocas semanas antes de detenerlo el fiscal reconocía que no tenía pruebas).
Ya van 4 ocasiones en pocos meses en que la Corte Suprema se ha visto obligada a anular sentencias y altas condenas en causas lideradas por el fiscal Luis Chamorro, en que el Tribunal de Angol había fallado con evidentes presiones del Poder Ejecutivo, después de largos plazos de prisión preventiva. Ya son demasiadas veces en que los testimonios de carabineros y de testigos sin rostro, o las conclusiones que saca el fiscal en Collipulli resultan contradictorios, ilógicos o francamente faltos a la verdad, y que esto es aceptado por jueces.
Para lograr altas penas, también el Tribunal de Angol ha demostrado que no le es necesaria la Ley Antiterrorista. El último caso con condena es el de Fernando Millacheo y Cristian Levinao, actualmente en huelga de hambre y apelando a la Corte Suprema. Ellos recibieron 15 y 10 años condenados por robo con intimidación, lo que en cualquier otro tribunal sería para una pena mucho menor.
En este contexto, lo fundamental de las declaraciones de Bachelet no es su crítica a la Ley Antiterrorista, que no es hoy la herramienta principal de criminalización, como lo fue en su gobierno. Hoy el cuestionamiento es sobre los testigos secretos.
Lástima que el tema se quede en lo penal, y que una vez más Bachelet visite territorio mapuche y eluda referirse a la demanda territorial por la cual el Estado utiliza estrategias político-judiciales como la Ley Antiterrorista o cualquier otra, por la falta de voluntad política de abordar el tema de fondo. Bachelet no ha dado signo alguno de voluntad por dar una solución al conflicto territorial en su próximo gobierno. Se trata de un tema que simplemente no está en la agenda de estas elecciones.
Para una persona que aspira a liderar el país por segunda vez, que ya se enfrentó a esta demanda territorial a través de la criminalización y no hizo más que radicalizar el conflicto, que luego pasó por un organismo de la ONU que se dedica a promover los Derechos Humanos, se esperaría que junto a estas declaraciones, planteara cuál va a ser su plan y su programa de restitución de los territorios ancestrales usurpados. ¿Cuántas hectáreas y a través de qué mecanismo espera restituir durante su gobierno? Sin responder esa pregunta, todo lo otro que plantee Bachelet sobre el tema mapuche es secundario.
Luis García-Huidobro sj. Religioso Jesuita. Colaboró varios años en Pastoral Mapuche en Chile. Actualmente es parte de la Misión Mapuche Jesuita en Tirúa. Su cuenta en Twitter es @luisgarciahsj.
