Pese a que los cargos de abusos a menores pehuenches de parte del sacerdote de nacionalidad belga en el hogar indígena de Santa Bárbara se denunciaron a la justicia en 1992, cuatro años antes ya hubo cargos similares en contra del religioso.
En 1988, tres funcionarias del mismo hogar enviaron antecedentes al Servicio Nacional de Menores, donde cuestionaban lo que catalogaban como comportamiento impropio del padre Alfonso Gielis y pedían una fiscalización.
En el oficio reservado del Sename del 19 de agosto de 1988, se ratificó la existencia de la denuncia hecha por una sicóloga, una profesora y una funcionaria, la cual se hizo justo cuando el sacerdote estaba de vacaciones en Bélgica.
Las mujeres advertían que el religioso tenía contacto físico inadecuado con los niños, a los cuales besaba en la boca y manoseaba, además de entrar a las habitaciones del internado cuando éstos dormían.
Sin embargo, en vez de iniciar una indagación o remitir los antecedentes a la justicia, el Sename envió los antecedentes al Obispado de Los Ángeles, en su condición de entidad administradora del hogar.
Ahí el obispo de la época, Adolfo Rodríguez, admitió en el proceso judicial de 1992 haber conocido la denuncia del Sename de cuatro años antes pero, según sus declaraciones, sólo le bastó una conversación con el sacerdote para desestimar los cargos.
El obispo saliente de la Diócesis de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, también dijo conocer la denuncias y sólo le dijo al sacerdote que fuera más prudente en su manifestaciones afectivas.
Alfonso Gielis es investigado por la justicia de su país por los abusos cometidos en Santa Bárbara la cual, a través de un exhorto, sigue diligencias con víctimas y testigos de los hechos.
